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Walter Porras, exdirector ejecutivo de la Dirección General de Ingresos (DGI), escribió una carta a El Nuevo Diario, y su contenido es una bomba periodística. “Yo mantengo que hay que pagarles, independientemente si ha sido (reconocido) por un fallo de un tribunal de justicia o no, pero hay que pagarles, a todas las personas que han sido despedidas de las diferentes instituciones del Estado”, aseguró el exfuncionario público.

Álvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, dijo que esa es una respuesta "fuera de tiempo" de Porras.

Irónicamente Porras, cesanteado de la DGI en 2011, despidió a más de 800 trabajadores de esa entidad, a quienes les negó su respectiva indemnización laboral, bajo el argumento de que recibió una “deuda ilegal de las autoridades de la DGI desde el año 2006” de C$67,626,610.84, que representaba un 32.5% del gasto corriente de ese año.

“Esto originó un déficit presupuestario que nos conllevó a limitaciones financieras para el cumplimiento total de nuestras obligaciones contraídas posteriormente”, indicó.

En ese sentido, manifestó que si no hubiera recibido esa deuda, la DGI habría contado con “un 100% de solvencia y disponibilidad financiera, y hubiese pagado la deuda de dichos exempleados”.

Asimismo, insiste que esa deuda que recibió es del conocimiento de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, así como de la misma Presidencia.

El exfuncionario asegura que los despedidos de la DGI son alrededor del 3% de todos los despedidos por el Gobierno desde 2007 a la fecha, por lo que también el resto de instituciones deberían reclamar sus reintegros, pagos de indemnizaciones y prestaciones sociales.

También menciona que todo fue parte de una “campaña para desprestigiar su imagen como ciudadano nicaragüense y como funcionario del Gobierno”.

“Nunca fue comprobada ninguna de las calumnias (…) y mantengo mi posición de que todo fue un sucio y vil montaje”, agrega en su carta.

Una burla, nunca quiso atenderlos

Recientemente la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, declaró con lugar la demanda interpuesta por cuatro extrabajadores de la DGI que fueron despedidos por la administración de Porras.

La CCJ expuso que el Poder Ejecutivo nicaragüense irrespetó el fallo de los tribunales de justicia nacionales, donde se manda a indemnizarlos por los años de servicios prestados.

Uno de los demandantes es José Tomás Gómez, exasistente tributario, quien dice sentirse burlado por esa justificación de Porras.

“Aunque haya recibido una institución endeudada, eso no le daba la facultad para no pagar a las personas que despidió”, comenta. Además, que tuvo dinero para “hacer un gasto millonario en construcción en todas los edificios de la DGI”.

Asimismo, Gómez explica que Porras nunca lo atendió a pesar de las múltiples veces que intentó comunicarse con él.

“Le mandé cartas, le solicité audiencias y ni siquiera su secretaria me atendía. Simplemente en recepción me decían que no estaba, que estaba en reuniones”, recuerda.

Gómez indica que hubo y hay actualmente una “falta de voluntad política” de cumplir con las obligaciones. En ese sentido, menciona que “ha pasado tanto tiempo”, que el Gobierno ya les debió pagar.

“Que se dejen de andar diciendo que fulano dejó deudas. Esa es la respuesta típica de todos los funcionarios”, agregó.

Mal administrador

Álvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, dijo que esa es una respuesta “fuera de tiempo” de Porras.

“Nosotros consideramos que el alegato de Porras, es un argumento sin fundamento, en contraposición de sus actos administrativos ya que este exfuncionario en sus actuares administrativos debió tener respeto a las leyes y no despedir a tanta gente”, menciona.

Menciona que si recibieron una institución endeudada debieron tener la “responsabilidad” de brindad estabilidad laboral a sus trabajadores.

“Si no había presupuesto para ejercer despidos, ¿por qué despidió más de 800 empleados?”, cuestiona.

Leiva asegura que la actuación de Porras trajo “lesiones a los empleados y al mismo Estado de Nicaragua”.

“Lo que nosotros hemos dicho, es que este exfuncionario debe responder por sus actos administrativos ante la justicia con suficientes argumentos para que sea sentado en el banquillo de los acusados”, agrega.

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