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El próximo 3 de diciembre iniciará el juicio contra los 18 mexicanos detenidos el pasado 24 de agosto, tras encontrárseles US$9.2 millones. El juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de la capital, Julio César Arias, al remitir la causa a juicio y admitir el intercambio de información y prueba, de la Fiscalía, afirmó que la acusación y el referido documento señalan de manera cronológica hechos acontecidos después del 20 de agosto de 2012.

La fecha mencionada por el juez Arias (20 de agosto) se corresponde con el día en que las autoridades detuvieron en el puesto fronterizo de Las Manos a los 18 mexicanos que entraban al país desde 2008, identificándose como miembros de Televisa, a quienes se les imputan los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de estupefacientes.

Los defensores solicitaron al juez dar a la Fiscalía el plazo estipulado por la ley para mejorar las pruebas, pero esta petición no fue concedida. Según Ricardo Martínez, defensor de tres de los mexicanos, el Ministerio Público no presentó ayer “indicios probatorios”.

Defensores piden "pruebas de verdad"

“La Fiscalía pretende convertir un delito de tipo administrativo aduanero, en uno de tipo penal, ¿qué pretende demostrar con esas actas de reconocimiento?, ¿qué pretende demostrar con el hecho de que (un testigo) reconoció a mi representado? Solo son informes, recibos de ocupación, actas de detención. Si bien es cierto, es amplio, este intercambio de pruebas es subjetivo y especulativo. Que traiga pruebas de verdad”, argumentó Martínez.

Los abogados defensores de los 18 extranjeros adujeron que los US$9.2 millones incautados a sus representados, solo constituyen una falta administrativa, porque al ingresar al país no declararon que llevaban esa cantidad de dinero.

Pero el juez Arias desestimó este argumento aduciendo que con el mismo “tampoco se demuestra que el origen y destino del dinero sea lícito”, por lo que según el judicial es necesario que en el juicio se analice ese elemento de prueba ofrecido por la Fiscalía.

En la resolución, el judicial señaló que los cuestionamientos hechos por los abogados defensores a los testigos “ocultos” ofrecidos por la Fiscalía e identificados como 1, 2 y 3, deben ser expuestos en otra etapa del proceso.

Esto, porque según consideración hecha por el juez, los testigos a quienes el Ministerio Público solo identifica de manera numérica “son los que iniciaron las investigaciones” en este caso.

“En el intercambio de información y prueba también se establece el rol de cada acusado el liderazgo de Raquel Alatorre, el control y vigilancia que hacían sobre el dinero --una parte de los acusados-- y el rol de fachada como técnicos en televisión y conductores de vehículos que hacían otros (reos)” manifestó el juez Arias.

Al final de la audiencia, el juez ordenó remitir a un médico internista, a un otorrino y a un ortodoncista a cuatro de los mexicanos acusados, mientras los abogados defensores solicitaron que sus representados sean trasladados de la Dirección de Auxilio Judicial donde están presos a la cárcel Modelo de Tipitapa.