•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

El 5 de marzo de 2008, Lila Alvarado Muñoz recibió una noticia que jamás imaginó. Le notificaban que prescindían de sus servicios como funcionaria pública del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI. La razón: le aplicaban una medida disciplinaria, por “causa justa”.

“No me dieron mayores explicaciones. No había hecho nada, así que era injusto y recurrí de inmediato a las autoridades competentes”, recuerda.

Al día siguiente, ella apeló ante la misma instancia que la notificó. Sin embargo, no le respondieron. Posteriormente la joven presentó un recurso de apelación ante la Comisión de Apelación del Servicio Civil. Este es un órgano de segunda instancia, encargado de conocer y resolver sobre los recursos administrativos presentados contra las resoluciones emitidas por las instituciones, dentro del ámbito de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Declaran nulidad del acto

Esta Comisión resolvió declarar “la nulidad del acto recurrido, y restitúyansele los derechos laborales a la servidora pública”.

“Sin embargo, no me devolvieron a mi puesto, tampoco me dieron ninguna liquidación, así como ahora me niegan la entrada a las instalaciones del MTI”, comenta.

Esta ley fue aprobada el 19 de noviembre de 2003 para garantizar a los servidores públicos estabilidad en sus puestos, así como el derecho a ascensos y poder ser parte de una carrera administrativa.

Vive un calvario

Lila es madre soltera de dos niños, y actualmente trabaja haciendo collares, pulseras y aretes para “sobrevivir”. Además, vive junto a sus padres, dos personas jubiladas a quienes debe atender en sus enfermedades.

Narra que tiene que vender “donde sea” y que gana muy poco para sobrevivir. Además, trabajó durante varios meses en una zona franca, pero se cansó de dejar sola a su familia. “Es todo un calvario el que se me ha venido”, insiste.

“Es un atropello total a mis derechos laborales, sabiendo que tengo dos hijos, que soy madre soltera, me dejaron indefensa totalmente”, agrega.

El monto que exige es de C$771,605 en concepto de los salarios caídos hasta la fecha, prestaciones y beneficios sociales.

Alvarado Muñoz trabajaba desde 2004 como analista de documentos del Centro de Atención al Público del MTI, y devengaba un salario mensual de C$10,500. También era parte del Sindicato “Andrés Castro”, de esa institución, por lo que contaba con fuero sindical.

“Lo único que pido es que me paguen lo que me corresponde”, dice. Esta joven de 27 años dice que ese fue su primer trabajo y ahora le niegan hasta una carta de recomendación.