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Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, decidieron a última hora incorporar en la reforma presupuestaria aprobada ayer, una partida de C$40 millones para hacer frente a las obligaciones de las instituciones del Estado con los empleados despedidos, entre ellos, los de la Dirección General de Ingresos, DGI.

Pese a los C$40 millones incluidos en la reforma presupuestaria aprobada ayer, el Secretario de Asuntos Laborales de la Federación de Trabajadores del Sector Público, Fedetrasep, Álvaro Leiva Sánchez, sostiene que la deuda con los exempleados del Estado asciende a más de C$648 millones.

Según el diputado sandinista y secretario del Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, Gustavo Porras, el Estado no puede eludir esas deudas, y las indemnizaciones de los empleados despedidos constituyen “un derecho laboral irrenunciable e imprescriptible en el tiempo”.

Porras dijo que a todos los trabajadores despedidos de “todas las instituciones del Estado” se les pagarán sus liquidaciones conforme a derecho, sin embargo, el legislador pidió paciencia, pues a pesar de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destina cada año una partida para esos pagos, el dinero no alcanza para todos.

Menciona solo a corridos de Bolaños

El diputado sandinista señaló que el caso de la falta de pago a los exempleados de la DGI y del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, no son los únicos, y puso como ejemplo, el hecho de que aún “arrastran” casos de gobiernos anteriores, entre ellos, C$70 millones que deben en liquidaciones a empleados del Ministerio de Salud, Minsa, despedidos durante la Administración de Enrique Bolaños Geyer.

Porras recordó que, cada año, el Ministerio de Hacienda incluye un monto para pagar las liquidaciones de los empleados que puedan ser despedidos o los que ya lo fueron, pero que no se les ha cumplido con ese derecho. Según el legislador, este año se redujo la deuda del Minsa en este rubro de liquidaciones o indemnizaciones.

Según Porras, todas las instituciones del Estado han pasado a Hacienda un listado de los extrabajadores a los que se les deben indemnizaciones para incluir las correspondientes partidas en el Presupuesto 2013.

Al respecto, el diputado Agustín Jarquín Anaya, acogió positivamente la disposición de la Comisión Económica, pues igual, él iba a presentar una moción en el plenario para que se incluyera en la reforma presupuestaria una partida para ese fin, sin embargo, ya no fue necesario.

En declaraciones a los medios de comunicación en enero de este año, Leiva Sánchez señaló que durante la gestión del presidente Daniel Ortega, más de 24,000 servidores públicos han sido despedidos, y más de 130 organizaciones sindicales han sido descabezadas.

En tanto, los legisladores de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, sostienen que es muy poco lo que el gobierno destina para el pago de las liquidaciones o indemnizaciones para los trabajadores que despiden, y, además, pagan tardíamente.