Carlos Larios
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Los Organismos No Gubernamentales y estatales de Derechos Humanos calificaron como positivo la promesa del gobierno de entregar un “bono solidario” a los adultos mayores que reclaman una pensión reducida por no haber completado las 750 cotizaciones al Seguro Social, pero señalaron que esa medida no soluciona el problema de fondo, irrespeta los derechos constitucionales y laborales de los ancianos, y puede desaparecer si Venezuela deja de apoyar económicamente a Nicaragua.

Carlos Alberto Guadamuz, abogado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, consideró que “el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social debe mantener la aplicación del artículo 49 de la Ley de Seguridad Social, que mantiene plena vigencia, y que está en desuso desde 1992, porque su vigencia está permitida y regulada por el artículo 85 también del Reglamento a la Seguridad Social, que plantea que por solo las 250 semanas acumuladas, la persona tiene el derecho al 40% de su pensión, que actualmente no debe ser inferior a C$3,101.4 córdobas, equivalente al salario mínimo para la industria manufacturera”.

No obstante, el gobierno hizo una “estratificación de los adultos mayores”, de manera que aquellos que cotizaron de 250 a 450 semanas, recibirán un “bono solidario” de C$1,200; para el que cotizó de C$451 a 600 semanas, el bono será de C$2,000, y el que cotizó de 601 a 749 semanas recibirá un bono de C$2,800.

“Está bien, pero falta”

El subprocurador para la Defensa de Derechos Humanos, PDDH, Adolfo Jarquín, calificó de positiva la iniciativa del gobierno del presidente Daniel Ortega en resolver el problema de los adultos mayores, ya que los gobiernos anteriores se desinteresaron y olvidaron a los ancianos.

“Lo que debiera ser es que se solucione el problema totalmente y reactivar el reglamento que otorga la pensión reducida, pero entiendo que hay demasiados problemas económicos como para resolverlo de un solo tajo, hay que comprender eso porque Nicaragua tiene muchas prioridades, y dentro de esas, está la prioridad del adulto mayor”, dijo Jarquín.

Álvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, aseveró que el gobierno continúa violando los derechos laborales y constitucionales de los ancianos, y se niega a otorgarles un beneficio serio y responsable que se refleje a través de una ley.

“Lo que está haciendo el gobierno es para descompresionar los reclamos que tiene por parte de los adultos mayores, ya que hasta el momento no tiene una verdadera respuesta a sus demandas; y como han dicho que el bono solidario saldría de los fondos de la cooperación de Venezuela, entonces digo y me pregunto: cuando la cooperación venezolana deje de existir, ¿quién asumirá esa responsabilidad?”, dijo Leiva.

Injusticias para los ancianos

Guadamuz, por su parte, condenó la insensibilidad y la arbitrariedad que existe en los Tribunales de Apelaciones y Juzgados Laborales, donde los adultos mayores son víctimas de retardación de justicia. El Cenidh ha conocido este año ocho demandas por pensión, que han sido interpuestas por los afectados en los tribunales de justicia, pero que no han recibido una respuesta, a pesar de que ha pasado mucho tiempo.

“Tenemos a una mujer de más de 76 años de edad (María Cecilia Caldera), con problemas en su salud, que tiene una demanda por pensión que ya va por dos años (de espera), y ahorita está en el Tribunal de Apelaciones y ni siquiera es por sentencia definitiva”, denunció el abogado del Cenidh.

El subprocurador Jarquín dijo desconocer los casos de retardación de justicia en relación con las pensiones que demandan los ancianos, pero invitó a estos a que se acerquen a la PDDH a denunciar dichas anomalías judiciales.