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Datos de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, revelan que de enero 2007 a mayo 2012, unos 23,000 nicaragüenses han sido despedidos de 52 instituciones públicas del país, de la que forman parte 70 trabajadores despedidos de la Alcaldía de Granada en 2009, y cinco de la comuna de Chinandega en 2010, quienes aún reclaman el pago de su liquidación y de las prestaciones a las que tienen derecho por ley.

El exsecretario general de la Unión Nacional de Empleados (UNE), de la Alcaldía de Granada, Óscar Javier Moreira Mairena, dice que lleva tres años y medio sentándose frente a la comuna, para exigirle al alcalde Eulogio Mejía Marenco que cumpla con las resoluciones del Ministerio del Trabajo y del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, que ordenan el reintegro laboral y pagos de salario caídos para él y para otras personas.

Moreira es uno de los setenta trabajadores municipales que el 23 de febrero de 2009 fueron despedidos por el alcalde entrante, quien los corrió sin su debida liquidación ni prestaciones sociales.

“De esos despedidos, ocho éramos dirigentes sindicales, pero el alcalde no respetó el fuero sindical y nos corrió sin entregarnos nuestra indemnización. Al día siguiente recurrimos al Ministerio del Trabajo, y la delegada departamental, Mildred Rivas Zúniga, mandó a reintegrarnos y pagarnos los salarios caídos, pero él no acató la orden”, señaló.

Ante la rebeldía del edil, los trabajadores introdujeron un escrito en la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, cuyos magistrados confirmaron la decisión del Mitrab de efectuar el reintegro, pero tampoco hubo respuesta. “Poco después, el asesor legal de la Alcaldía introdujo un recurso de apelación, y en abril de 2010 los magistrados se pronunciaron a favor de nosotros, y no dieron lugar a la solicitud de la Alcaldía y ratificaron su decisión”.

Dos denuncias

En noviembre de ese mismo año presentaron una acusación en el Ministerio Público por desacato a las autoridades, según expediente 743-10-552 JL, y otra por defraudación fiscal con expediente número 145-10-JL, causas que la fiscal departamental Vanessa Cordero remitió al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, y de las que aún no se conocen noticias.

“El alcalde no enviaba las cotizaciones de los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, se quedaba con ese dinero y lo utilizaba a discreción. También informamos que en esta administración hay abuso de autoridad, discriminación, despidos ilegales, contrataciones ilegales con megasalarios, traslado de trabajadores (de una área a otra) de forma arbitraria, y desacato a las resoluciones administrativas y judiciales”, denunció Moreira Mairena

Por el tiempo y cansancio, la gran mayoría de los despedidos desistieron y se marcharon. En el lugar solamente quedaron unos cinco exempleados, (protestan frente a la Alcaldía) a quienes todavía se les puede ver bajo una vieja manta en las que se leen frases dirigidas al alcalde Eulogio Mejía Marenco.

Luego de tantos años de espera, estos granadinos estiman que en liquidación, pago de salarios caídos y pago de vacaciones, la municipalidad debe entre ocho y diez millones de córdobas.

"Despidos en Chinandega por cuestiones políticas"

Mientras en Chinandega por presunta represalia política, cinco trabajadores de la Alcaldía de esa ciudad, entre ellos dos sindicalistas, fueron despedidos por la administración del edil Enrique Saravia Hidalgo, y están a la espera de su liquidación.

Luis Pérez Carmona, abogado de Milciades Rodríguez Cadenas, exsecretario general de uno de los sindicatos de la comuna; los colectores Leslie Toledo y Julio Padilla; el conductor Vicente Martínez; el celador Rosendo Rodríguez Montes y la sindicalista Flor de María Vindell, aseguró que estos laboraron más de 10 años a la Alcaldía de Chinandega con una conducta intachable.

Dijo que no existieron causales para despedir a los cinco empleados, los cuales por no apoyar al candidato del FSLN Indalecio Pastora López, fueron corridos.

“Les mandaron una notificación y no hubo explicaciones. La administración violentó el fuero sindical de Milciades y de Flor de María, en flagrante violación a las leyes”, afirmó el jurista.

Se aprovecharon de la necesidad

El abogado afirmó que la Alcaldía de Chinandega entregó un porcentaje de la liquidación a los despedidos, aprovechándose de las necesidades económicas de estos.

“Apenas nos entregaron el 25% de la liquidación, es necesario que nos paguen completo”, indicó Flor Vindell, sindicalista

Pérez Carmona indicó que el juez laboral ordenó el reintegro de los despedidos, y la comuna no lo hizo, en flagrante menosprecio a las leyes y a la justicia. La sentencia de un juez es de ineludible cumplimiento”, afirmó.

Manifestó que se mantiene firme la demanda por completamiento de liquidación final para los cinco despedidos por la comuna de Chinandega, que continúan en el desempleo.

Detienen despidos

El abogado afirmó que tras la demanda ante el juzgado laboral de Chinandega de parte de sus representados, la comuna detuvo los despidos, pero según él, la Alcaldía ha demostrado que no es justa, al no pagar completo a los cinco despedidos.

Señaló que Milciades Rodríguez Cadenas y Lesly Toledo tienen sentencia firme a su favor para el pago de sus liquidaciones emitidas por el Juzgado Laboral de Chinandega. Y los otros tres, están en ese proceso.

El mismo Pérez Carmona, quien dirigió durante varios años la asesoría legal de la comuna, fue despedido por el alcalde Enrique Saravia.

“Me pagaron toda mi liquidación, hice valer mis derechos. Al inicio no me quieran pagar, pero me cancelaron todo”, afirmó el abogado.

Expresó que los cinco despedidos han acudido ante la Secretaría General del Frente Sandinista y los medios de comunicación para hacer prevalecer la orden de su reintegro, pero las autoridades edilicias, se niegan.

 

(Con la colaboración de Miguel Carranza Mena)