Máximo Rugama
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Durante cinco años ha tocado puertas en la Inspectoría Departamental del Trabajo, en los juzgados y en la propia Corte Suprema de Justicia, para demandar su reintegro, sin lograr siquiera una explicación. Es la historia del ingeniero Róger Ruiz, a quien una mañana de agosto de 2007, le llegó de forma inesperada su carta de despedido.

Ruiz señala que tocó puertas una y otra vez en las distintas instancias del Ministerio del Trabajo, sin respuesta, ya que en su despido lo acusaron de provocar daños a la institución donde laboraba.

Vicisitudes similares ha vivido Noé Ramírez Merlo, quien laboraba en el Silais de Somoto, en Madriz, y según el doctor Alberto Rosales, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Inspectoría Departamental del Trabajo ordenó que le pagaran su salario y prestaciones de ley, que le deben desde hace tres años.

Ante la negativa de que le cancelaran, Ramírez Merlo recurrió al juzgado laboral de Madriz, instancia que emitió igual sentencia, pero hasta ahora sigue esperando.

"No molestés", le dijeron al reclamar

Róger Ruiz, quien es ingeniero, laboró durante casi diez años en el laboratorio de la delegación de la Primera Región del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA.

Cuando fue despedido y acudió al Ministerio del Trabajo, en Estelí, el entonces delegado, Mario Rugama, le expresó: “No molestés, porque bien corrido estás”.

Tras esa respuesta decidió acudir ante la titular del Mitrab, Jeaneth Chávez, e igual respuesta tuvo. El Nuevo Diario trató de comunicarse con Chávez y con el exinspector departamental, para conocer sus versiones, pero no fue posible.

Caso a la CSJ

Según dice Ruiz, ha sido la oficina del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en Estelí, donde le han brindado acompañamiento para que su caso sea tramitado en los juzgados de esa ciudad y que llegue a la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que demando es mi reintegro, porque con mi despido violentaron el fuero sindical, ya que fungía como secretario general del sindicato”, aseguró el ingeniero Ruiz.

“En ningún instante el anterior delegado del INTA, Juan Alberto Blandón, me aclaró cómo fue que hice daños en la institución”, dijo Ruiz. Tratamos de obtener una versión de Blandón, pero no contestó su celular.

Según el doctor Alberto Rosales, en los departamentos de Estelí y Madriz al menos diez exfuncionarios de entidades públicas enfrentan situaciones parecidas a las de Noé Ramírez y Róger Ruiz.

Rosales aseguró que la ola de despidos sigue en las entidades públicas, y mencionó que Marvin Navas, quien se desempeñaba como director de

Planificación del INTA regional Las Segovias, es el nuevo miembro que esta semana pasó a las filas de desempleados.