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El viceministro de Transporte e Infraestructura, Franklin Sequeira, manifestó ayer que los transportistas que incumplan las disposiciones ministeriales tras el incremento del 10% en la tarifa podrían ser objeto de multas. Colocar un rótulo visible en la unidad dando a conocer la nueva tarifa es parte de sus obligaciones.

“Vamos a aplicar la ley para que se cumpla lo acordado, y hay que multar si no ponen ahorita el rótulo. Las multas son de C$100 a C$200”, manifestó el vicejefe de la cartera de Transporte.

Sequeira reconoció que apenas cuentan con 170 reguladores del transporte interurbano en todo el país, lo que es insuficiente para detectar cualquier incumplimiento por parte del gremio. Recordó que la tarifa se ajustó tras hacer un estudio en el que se comprobó que la estructura de costos se incrementó en algunos corredores.

“Tienen un rezago de aumento en el combustible, lubricantes, baterías, llantas, pero el gobierno mantiene un subsidio de C$20 por galón de combustible”, agregó.

El ajuste autorizado es para 384 rutas del país, entre el sector ordinario, expreso e interlocal. Lo cierto es que los transportistas del servicio ruteado, que van hacia los departamentos del norte, cobraron el recargo con dos días de anticipación a los usuarios del servicio en la terminal del mercado Mayoreo.

"Lavado de manos"

“Ellos la pegaron ahí la tarifa desde el sábado, y el MTI autorizó cobrar C$38 el directo, eso no es culpa de nosotros”, señaló el supervisor de la Cooperativa “Juan Ramón Rodríguez”, de Boaco, Domingo Angulo, tras agregar que los usuarios que abordan la unidad con dirección a ese destino están “conscientes” del ajuste.

Sin embargo, del otro lado de la acera está Esperanza González, un ama de casa que viaja frecuentemente hasta San Benito, en los buses cuyo destino final es Boaco. Desde marzo pasado, cuando el MTI aprobó el primer incremento, ella ha tenido que pagar más.

“La tarifa estipulada hasta San Benito eran C$12 y cobran C$15, cuando se hizo el ajuste algunos conservaron el acuerdo de los C$12, pero la mayoría no, y hasta discuten con el pasajero”, agregó González.

Pero los transportistas justifican que en las dos “vueltas” que hacen Managua-Boaco-Managua invierten un aproximado de C$4,000, y eso les reduce el margen de ganancias. “A veces no queda nada de ganancia, porque hay pago de chofer y de ayudante; el diesel está caro y recorremos más de 300 kilómetros en las dos vueltas”, manifestó Angulo.

Pero esa explicación no es admitida por los usuarios. “Eso se siente en el bolsillo, y cobrando antes están violando la ley”, expresó Ernesto Matamoros, otro ciudadano que viajaba a Río Blanco.

Pero hay otros problemas: los buses ruteados que salen desde Juigalpa a la capital están cobrando un 7% más en la tarifa, desde antes que se aprobara el más reciente incremento del 10%. La falta de dinero fraccionario es la justificación, pero en marzo pasado, tras el ajuste, la tarifa quedó establecida en C$47.

“Se están cobrando los mismos 50 córdobas que siempre se han cobrado, cuando la gente no anda los 47 córdobas se cobran los 50 normal porque no andamos sencillo para el vuelto, pero ahora lo mismo va a ser porque queda en C$52, y la gente no andará los dos pesos, entonces los mismos 50 van a ser”, señaló Rubén Oporta, de la ruta que cubre Juigalpa.

A Freddy Mairena lo agarró movido el alza de transporte, y tuvo que sacar más dinero de su billetera para viajar a Estelí. La justificación que brindan los transportistas --que alegan mayores costos en sus operaciones-- no es razonable para este usuario.

“Es algo inconcebible en una economía tan golpeada. Debe ser relativo, porque si van a obtener ganancias para costear el combustible a costillas de nosotros, no es ninguna solución (subirle al pasaje)”, puntualizó.

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