Ernesto García
  •   Managua, Nicaragua  |
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La Corte Suprema de Justicia, CSJ, ratificó la sentencia de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, que redujo de nueve a cuatro años la condena a prisión para Germán Palacios Chavarría y Mario Cortez Urrutia, exfuncionarios de la Alcaldía de Managua.

Tras la decisión del máximo tribunal, el abogado de los reos anunció que solicitará la suspensión de la pena.

Palacios y Cortez fueron condenados a nueve años de prisión en el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Juicios de la capital, tras ser declarados culpables de peculado y falsificación material de documentos, en perjuicio de la municipalidad.

Pero los magistrados de la Sala Penal Dos del TAM admitieron de manera parcial el recurso de apelación presentado por el abogado Harlem Bladimir Huete, en favor de los condenados, señalando que debió imponérseles una pena de cuatro años de prisión.

Para reducir la pena, los magistrados de Apelaciones señalaron como principal argumento que en la consumación del ilícito de peculado existe un concurso real con el delito de falsificación material de documentos.

“Para la ejecución del peculado fue necesaria la falsificación material de documentos, sellos y firmas, porque de no haberse realizado la falsificación material jamás se hubiera cometido el peculado”, refirieron los magistrados de segunda instancia.

Este argumento fue retomado por los magistrados de la Sala Penal del Supremo Tribunal, en su sentencia para ratificar la resolución del TAM, que favorece de manera parcial a los condenados.

Harlem Huete, abogado de los reos, anunció que ahora que el Supremo Tribunal confirmó la nueva condena a sus representados, pedirá la suspensión de la pena.

“Ellos tienen derecho a la suspensión de la pena, porque si la condena es de cuatro años y tienen dos de estar presos, ya pueden recibir ese beneficio legal”, explicó el litigante.

Palacios y Cortez fueron acusados en noviembre de 2010 por haber sustraído de las arcas de la comuna capitalina 3.4 millones de córdobas durante 2009, según la Fiscalía.

Durante el juicio, Cortez dijo que el dinero fue destinado por la municipalidad para el denominando “Plan Rotonda”, consistente en pagar los alimentos para los “rezadores” gobiernistas que en el 2009 ocuparon durante varios meses las rotondas de Managua.