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La fiscal Odett Leytón, directora de la Unidad de Género del Ministerio Público, aseguró que siguen analizando si acusarán a un cuarto expolicía en el caso de la niña de 12 años que padece déficit neurocognitivo y epilepsia generalizada tipo ausente, quien fue violada supuestamente por tres exagentes policiales en los alrededores de la casa del presidente Daniel Ortega.

Aunque Leytón se reservó el nombre del exoficial, quien ya fue dado de baja deshonrosa por la Policía, detalló que este podría ser acusado por acoso sexual, ya que tenía algún tipo de contacto con la infante. “Se trata de dos cosas muy distintas del hecho vinculado a lo que sucedió (la violación), este es un cuarto elemento, del cual se conoce que hubo una proximidad con la víctima y de lo cual estamos determinando si su acción fue o no delictiva”, explicó.

Los hechos ocurrieron el pasado nueve de agosto, entre las 7:00 de la noche y 2:00 de la madrugada del día siguiente, en el costado este del Parque El Carmen, cerca de la casa presidencial, pero fue denunciado 20 días después por el padre de la víctima.

Expolicías “echan lodo” a otro

Los tres expolicías que ya han sido acusados por el Ministerio Público, son Timerson Parrales, de 21 años; Ervin Antonio Jarquín Espinoza, de 24, por el delito de violación agravada; y Walter Martín Téllez Mendoza, de 26, este último por abuso sexual en perjuicio de la niña.   

En una audiencia pública, el exoficial Timerson Parrales reclamó por qué no está preso y acusado el inspector policial Julio César García, quien junto a él y los otros dos ahora expolicías procesados, fue interrogado por el caso de la niña.

Mientras Andrea Rothschuh, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que ha dado acompañamiento al padre de la víctima, expresó que “el principal mencionado por la niña, con el que ella tenía una relación de amistad, es Julio César García”.

Pruebas de ADN

Los expolicías procesados solicitaron a la judicial correspondiente que mandara a realizar pruebas de ADN, según ellos para demostrar que son inocentes, pero dichos resultados aún no han sido incorporados al expediente del caso, aseveró Leytón.

“Esto (la solicitud de los procesados) no es un procedimiento que establece la ley, ya que aquí se debe garantizar que este acto de investigación esté debidamente fundamentado y autorizado por la autoridad judicial, o si por la urgencia o la pertinencia de realizar dicho acto, lo que se debió haber hecho es una convalidación del mismo, razón por la cual no se realizó ese procedimiento; por lo tanto si es algo que no se realiza dentro de un procedimiento establecido, no es prueba pertinente”, explicó la funcionaria.