Eloisa Ibarra
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, defendió ayer el nombramiento de dos magistrados de Tribunales de Apelaciones, sin cumplir con el requisito establecido en la Ley de Carrera Judicial y su normativa de hacerlo a través de un concurso.

Martínez juramentó a los magistrados Silvio Américo Calderón, del Tribunal de Apelaciones de Masaya, y a María Hazel Law Blanco, en la circunscripción del Atlántico Norte, asegurando que no “hay ninguna violación” porque estaban acordados antes de la aprobación de la normativa, pero no se habían juramentado.

Un día antes, el Vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, también dijo que el Acuerdo era más o menos del 20 de julio pasado, por lo que no se había violado la ley. Sin embargo, tanto Martínez como Solís prometieron públicamente el pasado 12 de junio --cuando se aprobó la normativa--, que a partir de ese día no habría ningún nombramiento más de dedo.

No hay ninguna violación, hay una secuencia perfecta de lo que pasa, se detuvo la toma de posesión de los magistrados, de aquí en adelante no hay nombramiento de dedo, sino que consensuado con los magistrados, dijo Martínez.

Según Martínez, los nombramientos no se anunciaron antes porque había “asuntos a lo interno”. El acuerdo al que hace mención era para trasladar a una juez de Masaya a Managua, pero los magistrados sandinistas se opusieron, reveló una fuente de la CSJ.

El Presidente de la CSJ dijo que quedó establecido que a partir de hoy habrá reuniones de Consejo Nacional y Administración de Carrera Judicial para darle seguimiento al cumplimiento de normativa de la Ley de Carrera Judicial.

Law, expresó que a ella le ofrecieron el cargo desde el año pasado, y primero trabajó en el componente indígena de demarcación, y cuando tuvo la confirmación del nombramiento renunció a éste.

“En cuanto a población de Bilwi, por el apoyo de todos los sectores me dieron posesión desde el 21 de julio que llegué allá”, dijo Law, tras indicar que trabajará para darle un verdadero acceso a la justicia a los representantes de los pueblos indígenas, porque así establece la Ley de Autonomía.

Law se pronunció a favor de que las audiencias orales sean en la lengua propia de los pobladores de las regiones del Atlántico, porque las traducciones no son técnicas y tienen sus debilidades. En su caso, habla miskito, mayangna e inglés, y si los usuarios de la justicia hablan esas leguas, así serán las audiencias.