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Nicaragua estaba muy débil en el combate a los delitos financieros, como la malversación de fondos y el lavado de dinero, antes de la aprobación de algunas leyes que han venido a fortalecer esta lucha, consideró el comisionado general Javier Dávila, Director pro témpore del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores Policiales, Icespo, ayer en la inauguración del Curso Regional de Delitos Financieros, coordinado por la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, SICA.

“Nicaragua tiene un poco la ventaja que es una legislación nueva, o sea que está moderna, que se ha actualizado a las exigencias de los organismos multilaterales y a las normas y convenios que rigen este esfuerzo contra los delitos financieros… en la medida que nosotros avanzamos en la formación y en la estructuración de los esfuerzos nos fortalecemos más”, dijo Dávila.

Y precisamente para fortalecer a los oficiales en esta materia, dentro del marco de la estrategia de seguridad de Centroamérica, el jefe policial detalló que estos recibirán “un contenido que permita, además de actualizar datos y referencias técnicas-teóricas, estrechar la cooperación operativa entre los cuerpos policiales de los países para atender los casos de delito financiero”.

El curso se desarrolla en Nicaragua, y tendrá una duración de dos semanas con la participación de oficiales de los países miembros del SICA.

Esfuerzos se extenderán a instituciones

Walter Palacios, representante de la Secretaría General del SICA, elogió que los países centroamericanos han unidos esfuerzos para identificar sus prioridades y necesidades. “Lo más importante es que este esfuerzo no solo está dirigido a las instituciones policiales, sino también a las instituciones fiscales y judiciales a nivel regional.

Esto significa que además de desarrollar programas de capacitación para policías, también se realizarán con jueces y fiscales”, aseveró Palacios.

Por otra parte, representantes del Ministerio Público nicaragüense están participando en un taller de validación, que se enmarca en el Proyecto de “Armonización de la Legislación Penal de Crimen Organizado en Centroamérica y República Dominicana”, el cual tiene como objetivo validar, por parte de las máximas autoridades del sector justicia de la región centroamericana, los documentos de propuesta de Armonización de la Legislación Penal en Centroamérica que han sido previamente trabajados y consensuados por técnicos de las instituciones de ese sector.