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En alerta y preocupadas se han declarado diversas organizaciones civiles que trabajan en pro de lo migrantes, debido a que existe una resolución de la Contraloría General de la República, que exhorta a la Dirección de Migración a reglamentar la actual Ley de Migración, la que es considerada lesiva y violatoria a los derechos de estas personas.

Y es que el temor se origina porque al reglamentar, se obligaría al Estado costarricense a realizar deportaciones masivas, multas excesivas y atribuciones a los efectivos migratorios que rozan con los derechos de las personas que migran y sus familiares.

Ante la resolución del ente fiscalizador, varias organizaciones están citándose (próximos días) para analizar acciones y los alcances negativos, en el caso que procedan las autoridades migratorias a poner en acción dicha ley.

Arias criticó dicha ley
Hay que recordar que aunque tiene más de un año de vigencia, la legislación, que fue considerada como “draconiana y tipo Gestapo” por el entonces candidato y hoy presidente Óscar Arias, no ha sido aplicada a la espera de que los diputados aprobaran las reformas que fueron presentadas por diversas organizaciones.

En correo enviado por Adilia Solís, representante del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), indica que “es un sin sentido (reglamentarla) cuando estamos próximos a aprobar una nueva Ley que reúne un importante consenso de la sociedad civil, de instituciones gubernamentales y de organizaciones internacionales”.

Solís estima que es importante que la sociedad civil demande al Presidente de la República (Arias) y al Consejo de Migración, el derecho a participar en la revisión y reglamentación de la ley, “y que hay que estar alerta por las consecuencias que significa la aplicación estricta de (dicha) ley”.

Por ello instó a las organizaciones y redes que trabajan con las poblaciones migrantes y refugiadas, a unirse en torno a este asunto.

Consenso para
aprobarla en comisión
Las actuales reformas se encuentran pendientes de que entren a primer debate en las sesiones parlamentarias, pues en la comisión dictaminadora existe consenso para su aprobación.

Por su parte, Karina Fonseca, de la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, en otro correo comparte la preocupación y sugiere la creación de “un equipo que defina a la brevedad posible las acciones a seguir para hacer sentir nuestro rechazo a la reglamentación de la actual ley”.

A esta iniciativa también se sumó Gustavo Gatica, de Cáritas de Costa Rica. “Coincido en que hay que estar atentos a lo que pide la CGR (Contraloría), sobre todo en los plazos. Ahora creo que hay dos cosas que atender: las cuestiones de forma (reglamento y política migratoria) y cuestiones de fondo (lo que estaría definiéndose en ambos casos)”, expuso.

Mientras que el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes Cidehum, indicó que se unía al la iniciativa de las otras organizaciones para definir las acciones a tomar.

Asimismo, desde la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astrodomes), comentaron en otro correo que “estaremos atentas, ya que es un tema de prioridad.