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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, y el titular de la Dirección General de Ingresos, DGI, Martín Rivas Ruiz, fueron acusados por desacato a las autoridades judiciales nacionales y centroamericanas, debido a que se han negado a cumplir con sentencias laborales que favorecen a cuatro trabajadores despedidos de la institución recaudadora de impuestos.

Los cuatro extrabajadores de la DGI se presentaron ayer ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos, Ordice, de los Juzgados de Nejapa, para entregar la acusación.

Los exempleados de la DGI acusan a ambos funcionarios por “negarse” a pagar sus liquidaciones, a pesar de que tienen sentencias judiciales a su favor y que les han prometido cumplirles.

El pasado septiembre, la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, declaró con lugar la demanda interpuesta por estas cuatro personas despedidas durante la administración de Walter Porras.

La Corte también indicó que el Poder Ejecutivo nicaragüense irrespetó el fallo de los tribunales de justicia nacionales, donde se mandó a indemnizarlos por los años de servicios prestados.

Los favorecidos con el fallo de la CCJ, José Tomás Gómez, Norma Elena Mora, Santos Hermencia Díaz y Luisa Morales Gutiérrez, manifestaron que se sienten desilusionados porque en la DGI les dijeron que no tienen dinero para pagarles.

“Nos sentimos defraudados, porque nos han dicho que nos van a pagar, que tienen la intención, pero después nos salen con que no hay fondos suficientes. ¿Cómo van a decir eso cuando hablan de sobrerrecaudaciones?”, manifestó José Tomás Gómez.

Gómez, de 59 años, ha esperado por cinco años el pago de sus prestaciones sociales, luego de ser despedido de esta institución en 2007, donde laboró por 16 años. La DGI le adeuda, según sentencia judicial, C$385,000.

Están endeudados

Norma Elena Mora trabajó durante nueve años en Auditoría Interna de la DGI, y fue despedida sin motivo alguno de dicha institución.

“Me querían obligar a firmar una carta de renuncia; me tuvieron encerrada en una oficina por más de tres horas, y como me negué, me corrieron”, indicó.

Para esta exfuncionaria pública ha sido un “capricho” de las autoridades no querer pagarles su indemnización, pero asegura confiar en que en algún momento le harán justicia.

“Confío en algún tipo de justicia divina, porque ya los que me corrieron fueron despedidos de la DGI y peor que nosotros”, dijo Mora.

Agregó que la mayor parte del dinero que le corresponde como indemnización por los años de trabajo realizados, la tiene “comprometida”.

“Casi todo ese dinero lo ocuparé para pagar deudas y compromisos. He estado pagando intereses todo este tiempo”, manifestó.

Deuda millonaria y moral

Álvaro Leiva Sánchez, abogado de los cuatro demandantes, expresó que el Estado deberá entregar alrededor de C$3 millones a los cuatro demandantes.

“En estos casos todos tenían sentencias de los tribunales laborales nacionales, y ahora de la Corte Centroamericana de Justicia, pero ninguna de las órdenes judiciales, que son de ineludible cumplimiento, ha sido respetada por las autoridades del Estado”, expresó Leiva.

Añadió que aunque “el procurador Estrada aseguró el cumplimiento del pago de las prestaciones sociales”, en la DGI les han dicho que “por ahora no pueden pagar”.

Porras: “Se van pagando poco a poco”

El diputado sandinista, Gustavo Porras, declaró ayer en una comparecencia en el Canal 4, que hay un compromiso del Gobierno de pagar sus liquidaciones a todos los extrabajadores despedidos.

“La cantidad de fondos que se dan para liquidaciones (en el presupuesto) es relativamente pequeña, es básicamente para cada año, pero había liquidaciones pendientes desde 2002”, indicó.

En ese sentido, explicó que el Gobierno ha venido pagando “poco a poco”, y que se han empezado a pagar liquidaciones directamente desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un monto aproximado de C$70 millones.

“No podemos estar satisfechos, pero vamos avanzando poco a poco para mejorar la situaciones”, agregó.