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El Gobierno de Nicaragua ha incumplido 58 recomendaciones, de las 116 que hicieran los doce Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ha cumplido parcialmente con otras 58, advirtió el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Mauro Ampié, dos años después de que el país presentara su informe en el marco del Examen Periódico Universal realizado en Ginebra, Suiza.

El Gobierno debe volver a rendir cuentas en 2014 --como parte de una revisión que tiene lugar cada cuatro años-- pero desde 2010 funcionarios gubernamentales se adelantaron a rechazar las recomendaciones relativas al respeto de los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses, señaló el Cenidh.

Ampié denunció que existen “recomendaciones abiertamente incumplidas, por ejemplo, en el tema de los derechos políticos” se pidió garantías para “el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de hacer peticiones y denunciar irregularidades”. Un caso puntual señalado por el funcionario, es el del opositor Movimiento Renovador Sandinista, cuya personería fue cancelada en 2008, sin que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie aún al respecto.

Recordó además que el Gobierno ha obstaculizado algunas marchas, protestas y peticiones pacíficas de la oposición, criminalizando incluso el derecho a manifestarse en las calles, tal el caso de los productores de frijoles y el más reciente de los taxistas, que fueron golpeados, encarcelados y procesados.

Sordera ante aborto

Otra recomendación obviada es la relativa a la total prohibición del aborto. Cinco años después de que las organizaciones de mujeres introdujeran un recurso por inconstitucionalidad en contra de la penalización del aborto terapéutico, la Sala Constitucional aún no se pronuncia, señaló.

Ampié agregó que la ONU también recomendó una reforma a la Ley Electoral que además de facilitar la participación en los procesos electorales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizara la transparencia en los procesos democráticos.

Por el contrario, señaló, en los últimos comicios hubo inhibiciones de candidatos opositores, una ilegal reelección del Presidente de la República, abuso de bienes del Estado para la campaña electoral del partido gobernante, entre otras anomalías.

En relación a los servicios de salud y educación, aún falta calidad en la atención a los pacientes y la facilitación de medicamentos en los hospitales públicos. y se sigue invirtiendo menos del 4% del PIB en educación, dijo Ampié.