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Sin juzgado de Distrito Penal para Adolescentes, continúa el departamento de Río San Juan, pese a que desde hace 14 años entró en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 287), que establece la creación de estos juzgados en cada uno de los departamentos y las regiones autónomas.

El fiscal departamental de Río San Juan, Maylor García Aragón, reciente el olvido de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y explica que ante la falta de una sala judicial especial del adolescente, se ven obligados a recorrer 154 kilómetros y viajar desde San Carlos —la cabecera departamental— hasta Juigalpa, para presentar a los menores infractores ante la juez de adolescentes de Chontales.

Agregó, que en el juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de Juigalpa, además de ventilar los casos de esa ciudad se atiende a los municipios de El Rama y Nueva Guinea, ambos de la Región Autónoma del Atlántico Sur.

La Fiscalía de Río San Juan ha gestionado la apertura del Juzgado de Adolescentes en San Carlos, pero las peticiones no han tenido eco en la Corte Suprema.

En lo que va de 2012, el Ministerio Público ha presentado 46 causas y cada viaje hasta Juigalpa representa para el fiscal especializado en esta área, un gasto de C$400, reveló a El Nuevo Diario el fiscal García Aragón.

“Para evitar mayores gastos el fiscal programa dos viajes al mes, en casos donde los menores están siendo procesados sin detener y en los casos donde hay detenidos, nos vamos con la Policía pero hay gasto de dinero y tiempo por la lejanía. Antes, cuando no se había construido la carretera pavimentada se tardaba todo un día”, explicó el funcionario.

en manos de la corte

Por su parte, la administradora del Poder Judicial en Río San Juan, Marta Serrano, aseguró que la solicitud de apertura del Juzgado de Adolescentes en San Carlos, la ve directamente la CSJ.

“Hay intensiones de abrir un Juzgado de Adolescentes y uno del Trabajo. Está en proyección (el Juzgado), pero no sé cuándo (se instalará). De momento (los fiscales) están viajando hasta Juigalpa con estos casos donde los procesados son menores de 18 años”, reconoció Serrano, tras indicar que los abogados también respaldan esta solicitud.

De acuerdo a la ley, la justicia penal especial para adolescentes es aplicada a los que tengan entre 13 años de edad cumplidos y 18 años no cumplidos.