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La Procuradora Especial de la Mujer, Deborah Grandison, está preocupada por las cifras de mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas y exparejas, por lo que exhortó a las autoridades a ser más beligerantes en los casos de violencia contra las mujeres, mientras un estudio realizado por organizaciones que defienden los derechos de las féminas, señala que estas necesitan más ayuda por parte de la comunidad y de las instituciones.

“La verdad es que es preocupante, y seguimos alertando a las autoridades en cuanto a esa primera denuncia que realizan las mujeres, y exhortamos a profundizar y a ser más beligerante a la hora de hacer las capturas (de los agresores). Tenemos conocimiento de muchos casos que no se han resuelto hasta el momento, sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos de que las instituciones atiendan con mayor celeridad los casos de violencia”, dijo Grandison.

El caso más reciente de femicidio fue el crimen cometido contra Belkis Muñoz Hernández, de 25 años, habitante del barrio “Ariel Darce”, en Managua, quien fue asesinada de un tiro en la cabeza, aparentemente por su excónyuge.

Algunos casos en la impunidad

Grandison señaló que casi suman 30 las mujeres que han fallecido víctimas de la violencia en lo que va de 2012, y que esta institución reporta cinco casos que han quedado en la impunidad, ya que los victimarios andan huyendo, por lo que instó a la población y a los familiares de las víctimas a lanzar alertas tempranas que eviten más muertes.

Añadió que la entidad a su cargo será drástica en cuanto a las investigaciones de los funcionarios que están mandando a las mujeres para que hagan mediación cuando la ley establece que no la hay.

Entre corredores, oficiales de las Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía se quejan de la cantidad de casos que deben atender. Expertos en temas de violencia han señalado que la Policía ha sido rebasada por el número de denuncias, por lo que Grandison aseguró que desde la Comisión Interinstitucional --que aborda este tema-- están solicitando un mayor presupuesto para todas las instituciones.

Víctimas necesitan más apoyo

Es necesaria una mejor coordinación entre los actores comunitarios, presencia y eficiencia por parte de los representantes de las diferentes instituciones del Estado, para proteger a las mujeres en situación de violencia, es la conclusión más importante a la que llegó el estudio denominado “Las comunidades trabajan por la vida de las mujeres, un análisis de la respuesta comunitaria ante la violencia en contra de las mujeres”.

Dicho estudio fue promovido por el Programa de Alta Tecnología en Salud, PATH, organismos de la sociedad civil y defensores de los derechos de las mujeres en los municipios de Ciudad Darío y Muy Muy, de Matagalpa; Corinto y El Viejo, de Chinandega; y Bilwi y Waspam, de la Región Autónoma Atlántico Norte, RAAN. Entre los resultados, se destaca que el 79% de los agentes comunitarios encuestados expresó haberse coordinado con otras personas de la comunidad para apoyarse en el manejo de las situaciones de violencia.

“Se identifican una serie de brechas que hay en el conocimiento, limitaciones en las coordinaciones y articulaciones con las instituciones del Estado, e igualmente vacíos que hay en cuanto a la cobertura por parte de las instituciones del Estado en las comunidades rurales”, aseveró Zacarías Duarte, Director del Instituto de Medicina Legal, IML.

Instituciones rebasadas

En Matagalpa, la Red de Mujeres del Norte ha establecido coordinaciones bilaterales con las casas maternas para refugiar a mujeres maltratadas, sin embargo, no se da este tipo de coordinación con el Ministerio de Salud. En la RAAN, las iglesias juegan un papel importante en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

“Existen problemas en cuanto a que cada quien tenga claro qué es lo que tiene que hacer, y tenga los recursos humanos y económicos para ofrecer la atención a la víctima cuando lo necesita. Se sigue diciendo desde las instituciones: ‘no tenemos dinero para capacitación, para gasolina, para crear espacios físicos’, tanto es así, que se podría concluir que son las mujeres promotoras las que cargan con los recursos para darles respuestas a las víctimas”, señaló Marta María Blandón, Directora del IPAS, organización destinada a defender los derechos humanos y reproductivos de las mujeres en el mundo. Duarte detalló que el IML tiene presencia en todas las cabeceras departamentales, pero de un total de 153 municipios, solo están en 27. Agregó que de enero a octubre de este año, esta institución ha atendido a 8,000 personas víctimas de violencia física, sicológica y sexual.