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Una familia del municipio de San Rafael del Sur denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que la Procuraduría General de la República, PGR, se rehúsa a cumplir con una resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que manda al Estado a regresarles una propiedad de 2,090 manzanas de tierra que les arrebataron, mientras el procurador Hernán Estrada se limitó a cuestionar la forma en que los denunciantes obtuvieron el inmueble.

La finca rústica en disputa es conocida como “Los Jícaros 1”, y está ubicada en el municipio de San Rafael del Sur.

Nely López, cuñada de José Vicente Loáisiga, quien asegura ser el dueño de la propiedad, relató que hace ocho años el terreno lo compraron a la señora Blanca Castaño Calero, quien a su vez la había adquirido en subasta pública número cinco del Juzgado Tercero Civil de Distrito de Managua, pero en 2008, el procurador Hernán Estrada los invadió y metió a la misma a más de un centenar de personas.

“Hace 10 meses la Procuraduría llegó a medir el terreno y no encontraron remanentes en la propiedad. Los procuradores Sonia Canda, Bolívar Carrillo, y la intendente de la Propiedad, Yara López, llegaron con esa gente y con la Policía a meterse a la propiedad, y el argumento que dieron fue que se trataba de una orden de arriba”, denunció López.

Procurador cuestiona

El procurador Estrada, al ser consultado sobre la denuncia, se limitó a decir: “Dígale a ese señor (José Loáisiga) cómo las adquirió, pídale el recibo de cuánto pagó y averigüe cómo la adquirió. Es la única referencia que tengo sobre esa propiedad”, para luego excusarse diciendo que se encontraba en una reunión del gabinete gubernamental.

Según los quejosos, en la propiedad siembran unas 400 manzanas de sorgo y maní, por lo que se benefician directamente más de 80 familias que laboran en el lugar.

Álvaro Leiva, asesor legal de la CPDH, señaló que existe una presunción del delito de desobediencia de autoridad de funcionario o empleado público, por parte del procurador Estrada, ya que los denunciantes fueron beneficiados con la sentencia número uno, emitida por la Sala Constitucional de la CSJ el pasado 9 de enero de 2009, la cual ordena restituir los derechos de propiedad a dicha familia.

PGR sin pruebas

Dicha sentencia, en poder de El Nuevo Diario, en el tercer considerando señala: “De lo examinado, esta Sala deduce que el origen legal de la propiedad que el recurrente, en nombre de su representado, alega como propia y sobre cuya base solicita el justo derecho para ser amparado, frente a las violaciones de sus derechos constitucionales, es correcto y ajustado a derecho…”.

“Los funcionarios recurridos de la Procuraduría General de la República, al rendir su informe, no lograron desvirtuar los agravios y las violaciones a la Constitución Política expuestas por el recurrente, ni adjuntan ningún documento que acredite que la propiedad le pertenece al Estado de Nicaragua…” agrega tajantemente el considerando.

La CSJ ordenó que mientras el conflicto no sea dilucidado por las autoridades jurisdiccionales competentes, le está vedado a la PGR, a la Policía, a la Intendencia de la Propiedad o a otra autoridad administrativa, realizar cualquier acto de desalojo o poner en posesión del terreno a diferentes familias.

Procurador acusado

No obstante, Leiva cuestionó que el Procurador se ha resistido a cumplir el mandato judicial y sacar a las personas ajenas al terreno, por lo que la familia afectada interpuso una acusación en su contra por el delito de desacato a sentencia judicial y daños y perjuicios ante el Juzgado Octavo Local Penal, el recién pasado 18 de octubre.

El magistrado Francisco Rosales, Presidente de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, dijo vía telefónica, que “si se dio una sentencia a favor de ellos, lo que se tiene que hacer es ejecutarla. Nosotros no podemos hacer más nada (sobre la negativa del Procurador en cumplirla), para eso la gente tiene un abogado que es quien se encarga de ejecutar sentencia”.

Agregó que no recuerda este caso con exactitud, pero que hoy brindaría mayor información con el expediente en mano.