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La jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, pidió ayer perdón a la familia de Marcos Antonio Castillo Cajina, muerto a manos de dos oficiales de la institución que preside.

Según la acusación que presentó la Fiscalía, Castillo Cajina fue ultimado de un balazo propinado por el policía Luis Escobar Urbina, mientras Jorge Javier Sánchez, el otro agente involucrado en el caso, se negó a prestarle auxilio a la víctima y amenazó con llevar a la cárcel a quienes lo socorrieron.

“Este hecho nos conmovió, nos sacudió, nos ha dolido, y por eso en nombre de la institución (policial) pido perdón a su familia”, manifestó Granera.

Asimismo, dijo que los dos oficiales acusados de asesinarlo y de negarle auxilio fueron dados de baja “de inmediato”.

La jefa policial expresó que tiene disposición de visitar personalmente a los familiares de Castillo Cajina, de 32 años, asesinado por el oficial Luis David Escobar Urbina, hecho en el que también está involucrado el policía Jorge Javier Sánchez.

“No son estos los valores ni principios de actuación con los que nosotros formamos a nuestros policías, no son estos los principios con los que los 12,000 hombres y mujeres policías actúan cotidianamente”, manifestó.

Casos excepcionales

Granera insistió en que son “casos excepcionales”, y que “generalizar” el trabajo de la Policía Nacional “también sería totalmente injusto para esos miles de hombres que a diario exponen sus vidas para defender la vida y la seguridad de los nicaragüenses”.

“La Policía está más interesada que nadie en que se haga justicia en este caso, y precisamente queremos que sirva de lección, porque no es esta la Policía que queremos, no es esta la Policía que tiene Nicaragua”, agregó.

En lo que va del año, este es el segundo caso que involucra a oficiales de la Policía Nacional en asesinato contra civiles. En julio, el oficial Eddy Saúl López Martínez fue acusado de haber disparado a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta en el kilómetro 6 y medio de la Carretera Norte.

Pero a inicios de septiembre también fueron dados de baja deshonrosa tres oficiales acusados de violar a una niña de 12 años con discapacidad intelectual.

Al respecto, Granera dijo que solamente son “tres casos en una institución que hace más de 5 millones de actuaciones al año”.

“No es que quiera minimizar; un caso nos sacude, un caso nos duele. No quisiéramos que hubiese ninguno, pero no podemos generalizar ni decir aquí hay un caos”, manifestó.

En constante revisión de agentes

La jefa policial también afirmó que la Policía está en constante revisión de sus agentes, a través de Asuntos Internos, Inspectoría y trabajo de contrainteligencia.

“Tenemos todo un cuerpo de supervisores nacionales que están encima de la actuación policial, andan filmando, andan agentes de contrainteligencia que los mismos policías no saben quiénes son”, dijo.

Granera explicó que cuando algún policía es detectado en una mala actuación, se analiza por qué hicieron eso. Además, se les hace un test y son analizados por un psicólogo y un psiquiatra.

“Estamos encima de preservar los valores, que es la principal preocupación nuestra”, agregó.

La primera comisionada prometió mano dura para que estos casos no se generalicen, y aseguró que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional no emitirá ningún criterio sobre el caso, y que será el Poder Judicial con su sentencia el que dicte sus resoluciones.

Sin embargo, dijo que “cualquier hecho” que la Policía investigue y aporte a la investigación, “se le hará llegar” a la jueza a través de la Fiscalía.

“Estamos profundamente conmovidos, avergonzados, y queremos que la sanción sea un ejemplo para el resto de compañeros y que no se vuelva a repetir”, indicó.

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Faltan recursos para aplicar Ley 779

La jefa de la Policía Nacional, Aminta Graneara, aseguró que faltan los recursos para aplicar completamente la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, aprobada en junio por la Asamblea Nacional.

“La Ley nos manda tener abiertas las Comisarías de la Mujer 24 horas del día, eso implicaría duplicar el personal”, dijo.

Asimismo, explicó que se tiene que capacitar a oficiales para integrar las nuevas oficinas en todo el país.

“Tienen que ir compañeras con una capacitación especializada, que pasan de 6 a 8 meses exclusivamente preparándose con la sensibilidad del enfoque de género, de la restitución de los derechos de la mujer”, explicó.

Granera no quiso precisar cuánto es el presupuesto que necesitaría para ejecutar la Ley 779, pero dijo que es un proceso que iniciará en enero.