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El teniente primero del Ejército, Luis Reynaldo Guzmán Solórzano, de 30 años, denunció ante la Comisión de Derechos Humanos, CPDH, que oficiales de rango superior violaron sus derechos constitucionales y humanos al sobrepasar el tiempo establecido para mantenerlo encarcelado, amenazarlo de muerte lo mismo que a sus familiares, y mantenerlo en condiciones infrahumanas, todo, según él, por obligarlo a aceptar su supuesto liderazgo de una banda del crimen organizado.

El Nuevo Diario llamó al celular y a la oficina del jefe de Relaciones Públicas del Ejército, teniente coronel Orlando Palacios, y al jefe de la Dirección de Inteligencia, general de brigada Adolfo Zepeda, para conocer la versión de la institución sobre la denuncia, pero no contestaron. Comunicamos nuestro interés al mayor Guillermo Centeno, jefe de Comunicación, pero este indicó que solo Palacios podía dar una respuesta.

Guzmán Solórzano fue detenido el viernes 19 de octubre, después de entregar su servicio de guardia en el puesto general de mando en la Comandancia General del Ejército, por soldados de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia bajo el mando del segundo jefe de dicha dirección, coronel José Alberto Larios Guevara, y llevado a unas celdas militares en el kilómetro 14 y medio de la Carretera a Masaya.

Habla de acoso

Guzmán asegura que lo metieron en una celda que carece de techo, donde el sol y la lluvia golpean al detenido. La misma no cuenta con agua potable ni cama, y cerca de ella pasa una corriente de aguas negras. Dijo que solo le dieron de comer en dos ocasiones, y estuvo preso durante seis días, hasta que logró escapar a las dos de la madrugada de ayer.

Pero lo que más le preocupa fueron las amenazas de muerte en contra de su familia, pues se negó a “confesar” que él es el líder de una red de narcotraficantes y que facilitaba armas de la institución a los criminales.

“Mi padre y mi familia han sido perseguidos por una camioneta del Ejército que la maneja el teniente coronel Guillén, con cuatro oficiales y dos miembros de la Policía Militar. Ellos (entre ellos el teniente coronel Dayton Camaño) me dijeron que le iban a arrancar la cabeza a mis padres y a mis hijos porque no aceptaba culpabilidad; ese fue el acoso más fuerte que tuve”, relató Guzmán.

Al momento de ser detenido, los soldados le ocuparon un carro, Hyundai Tucson, donde había C$10,8000 en la guantera, y según el denunciante, pertenecen a una amiga. Señaló que ahora el Ejército se rehúsa a regresar el vehículo y el dinero.

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, consideró que según lo relatado por el denunciante, se podría deducir que el Ejército violó el artículo 33, inciso 2.2. de la Constitución de la República, el cual señala que todo ciudadano detenido tiene derecho “a ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención”.

“Si nos atenemos al estricto derecho, él no está cometiendo ningún ilícito al haberse fugado, ya que su detención es totalmente ilegal, y un hecho ilegal no puede generar ilegalidad”, explicó Cuevas.