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Desde hace ocho años la familia de María Teresa Pavón, habitante del barrio Los Martínez, goza del servicio de energía de forma “gratuita”.

Pavón dice haber perdido la cuenta de las veces que las cuadrillas de la empresa Gas Natural han llegado a cortarle la luz, y la cantidad de las notificaciones de cobro que mes a mes llegan a su vivienda y que acumula en una gaveta.

La mujer asegura que su promedio de consumo mensual es de 150 kilovatios-hora al mes. Un rango que la libera de la aplicación de la Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley 661, mejor conocida como “Ley Antifraude Energético”.

Jorge Katín, Gerente de Comunicaciones de la distribuidora eléctrica, asegura que a pesar de la vigencia de esta Ley, esta “no tiene la garra suficiente para que se cumpla de manera estricta”.

Explicó que los consumidores de menos de 200 kw al mes, como Pavón, los cuales representan más del 70% de los más de 800,000 clientes de Gas Natural, no tienen ninguna consecuencia si son encontrados hurtando luz.

La Ley contra el fraude energético entró en vigencia en Nicaragua en 2008. Dos años después fue reformada para ampliar el techo de cobertura de los usuarios.

El procedimiento para las sanciones administrativas contenidas en la Ley antes de su reforma era aplicable inicialmente a todos los clientes y consumidores comerciales, industriales, de riego, de turismo y de bombeo con consumo mayor a los 500 kilovatios hora mes.

Pero fue a partir de febrero de este año, luego de su reforma en 2010, que es aplicable a los clientes consumidores y usuarios domiciliares, cuyo consumo sea superior a 200 kilovatios hora mes.

“La Ley faculta a la Distribuidora en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, a aplicar el cobro de energía sustraída. Este cobro se aplica si se comprueba que un cliente tiene línea directa o tiene el medidor manipulado para que registre menos del consumo real, siempre y cuando el consumo del cliente sea mayor a los 200 KW mes”, indicó Katín.

Sin embargo, hasta la fecha, menos del 25% de usuarios multados han honrado la deuda, y el resto ni siquiera muestra intenciones de hacerlo, según el funcionario.

“A muchos de ellos se les corta el servicio, y ni así pagan, porque se autorreconectan casi de manera inmediata”, agregó.

Katín destacó que en los recorridos que realiza la empresa para detectar fraudes, siempre están presentes los inspectores del INE, quienes elaboran su propio informe y pruebas.

“Esta inspección y posterior cobro de energía sustraída, solo se puede hacer si el INE está presente y valida el informe elaborado por los inspectores de la distribuidora, acompañados de fotografías o de vídeos. El monto de la energía se hace de acuerdo con la normativa de la Ley 661, para lo que el INE elaboro unas tablas de horas uso de equipos eléctricos”, detalló.

Actualmente la empresa registra un 20.4% de pérdidas de energía, que ha tensionado el sector eléctrico, al punto de crear especulaciones de una posible salida de Gas Natural. Por su parte, el Gobierno presiona para que la compañía sea más eficiente en la reducción de sus pérdidas.

Sin embargo, la compañía eléctrica invierte US$23 millones este año para reducir esa cifra. Según el vocero de la distribuidora de energía, actualmente en Managua están paralizados al menos tres proyectos de modernización y protección de redes, que incluyen la colocación de medidores en las viviendas.

“Dichos proyectos no se han ejecutado por la acción de la población de estos barrios, que impide por la fuerza la ejecución de los proyectos. En otros lugares como Granada, Chinandega y León, hemos logrado convencer a la población de que estos proyectos les benefician, y se han podido ejecutar y tienen muy buenos resultados para todos”, puntualizó.