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Muchos nicaragüenses residentes en Costa Rica, ante la falta respuesta en la fecha establecida a sus solicitudes de residencia de parte de Migración y Extranjería del vecino país, han tenido que recurrir a los juzgados correspondientes para exponer sus demandas de justicia pronta y cumplida.

Algunas veces la justicia costarricense ha fallado a favor de las personas denunciantes. Uno de los casos más recientes es el recurso de amparo interpuesto por Flor de María Martínez contra el Estado costarricense, por daños y perjuicios, al dársele cita en Migración un año y cuatro meses después de ser solicitada, en vez de los tres meses estipulados.

En el recurso interpuesto en 2009, la señora Martínez señaló que sufrió daño moral, tristeza, angustia y frustración por lo retardado de la cita. En sentencia 2300-2012 del 28 de septiembre recién pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, falló a favor de la nicaragüense.

“Se condena al Estado a pagarle a Flor de María Martínez, cédula de residencia número 155801324502, la suma de 700,000 colones (unos 1,400 dólares) por concepto de daño moral subjetivo y 75,000 colones por la presentación y trámite de un recurso de amparo.”, dice textualmente el fallo.

Otros casos

En diciembre de 2007, Luis Orlando Castañeda García interpuso un recurso de amparo contra Migración y Extranjería por cuanto al solicitar por escrito la residencia permanente no se le respondió, violentándose el artículo 41 de la Constitución Política.

En la sentencia número 1721-2012 del 27 de julio del 2012 del Juzgado Contencioso del Segundo Circuito Judicial de San José condenó al Estado a pagarle al señor Castañeda la suma de 475 mil colones (más de 900 dólares), por concepto de daño moral y costas personales al vulnerársele el derecho constitucional de Justicia Pronta y Cumplida.

En marzo de 2010, Douglas Armando Aguinaga González interpuso un recurso por cuanto al solicitar renovación de su cédula de residencia permanente, se le dio cita hasta octubre del 2010, es decir seis meses después.

En la sentencia 1719-2012 del 27 de julio del 2012 del Juzgado Segundo de San José, se condenó al Estado a pagarle al señor Aguinaga González la suma de 475 mil colones (más de 900 dólares), por concepto de daño moral y gastos de trámites judiciales.

En otro caso interpuesto por Víctor Malespín Marenco, se condenó al Estado a pagarle las sumas de 700,000 colones (unos 1,400 dólares), por los mismos motivos.

Sobre los casos anteriores entrevistamos al abogado costarricense Mario Zamora Cruz, quien ha llevado estas demandas en representación de los perjudicados.

Lic. Zamora, ¿qué precedentes sientan estas resoluciones?

Desde hace muchos años la Dirección de Migración menosprecia de alguna manera a los extranjeros por su condición, y piensa que deben esperar todo el tiempo que Migración quiera por una resolución, por ello no resuelve en tiempo y da citas a larguísimo plazo para tramites tan simples como una renovación de cédula.

Efectivamente, hay que reconocer que últimamente ha habido una leve mejoría, pero, aun así, todos los días salen de la Dirección de Migración decenas de personas que han esperado años por una respuesta, sin que la misma se dé. La Sala Constitucional y el Juzgado Contencioso reivindican el derecho de los extranjeros a obtener una respuesta ágil, y condena al Estado porque la respuesta no se dio en tiempo.

“Periodistas creen que nicaragüenses son diferentes”

¿Por qué es importante que los usuarios conozcan estas resoluciones?

El precedente es importantísimo, porque a pesar de que muchos costarricenses y periodistas costarricenses creen que los nicaragüenses son diferentes y no dan a conocer este tipo de noticias, la Constitución Política les otorga derechos que reconocen los Tribunales costarricenses.

Si estos derechos son reclamados, reconocen el derecho de cualquier extranjero a obtener una respuesta rápida de su petición de residencia, si esa respuesta no se da, se pone al extranjero en una situación de dificultad  al no poder conseguir trabajo, por ejemplo, y se condena al Estado por su indiferencia ante los problemas de los extranjeros en Costa Rica.

¿Es común que en Migración y Extranjería se les postergue a los nicaragüenses el servicio cuando solicitan su residencia?

Sí. Pero lo importante es que la gente sepa que Migración tiene un plazo máximo de tres meses para resolver, y que si no le resuelven tiene derecho a acudir a los Tribunales costarricenses en busca de justicia y de respuesta.

Algunas autoridades de Migración se han dado a la tarea de convencer a la gente de que si reclama pierde, pero esto no es así. La ley costarricense y los tribunales costarricenses  han reivindicado sus derechos frente a los abusos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Puedo decirle, a modo de ejemplo, que solo a mí la Sala Constitucional me ha declarado con lugar alrededor de 500 recursos de amparo sobre este tema, y que he presentado al  Juzgado Contencioso alrededor de 100 ejecutorias donde las condenas por daño moral a favor de nicaragüenses suman varios millones de colones”, enfatizó Zamora Cruz.