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Con una reprimenda pública para el abogado Carlos Arroyo Ugarte inició este lunes el juicio por narcotráfico, conocido como “Operación Dominó”, donde 22 reos enfrentan cargos por transporte internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado.

El llamado de atención fue hecho por la jueza Adela Cardoza, quien en público se quejó por la “impuntualidad” del profesional del derecho en las audiencias anteriores, lo que provocó retrasos en el juicio.

“No puedo permitir que el doctor Arroyo se aparezca cuando a él se le ocurra. No se puede estar paralizando el juicio afectando a otros abogados y los derechos de los reos”, afirmó la judicial sin ocultar su enojo.

La judicial señaló que las audiencias que celebró entre la mañana del jueves 1 de noviembre y la madrugada del 2 del mismo mes, relacionadas con este caso, se atrasaron tres veces por las ausencias injustificadas del litigante.

Arroyo Ugarte trató de justificar una de sus ausencias presentándole a la judicial una lista de colegas litigantes a quienes tuvo que ir a cobrar honorarios pendientes, indicó la jueza Cardoza.

Pero, seguidamente, la encargada de impartir justicia señaló que la excusa presentada por el abogado Arroyo Ugarte no está entre las causales de fuerza mayor que establece la ley de la materia.

Fue por esa razón que la titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de la capital, nombró como defensor de oficio de los tres clientes de Arroyo Ugarte, al abogado Ricardo Ramírez.

Aunque al final la jueza Cardoza aceptó que Arroyo Ugarte se quedara como asistente del nuevo defensor, Ricardo Ramírez, aclaró que de todas maneras informó del abandono de la defensa al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, de la CSJ, para que los magistrados que lo integran evalúen la actuación del litigante.

Los representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la República, PGR, pidieron a la judicial que al final del juicio declare la culpabilidad de los acusados sobre la base de la prueba que será evacuada.

Mientras que los abogados defensores aseguraron que, al concluir el juicio, ellos demostrarán que sus representados no son responsables de los graves delitos que les imputan el Ministerio Público y la PGR.