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Unos 24,430 trabajadores públicos han sido despedidos hasta la fecha por el Gobierno desde el 2007, lo que ha generado una deuda pública de 718 millones de córdobas, según el último informe de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep.

De acuerdo con el citado informe, 156 organizaciones sindicales han sido “eliminadas” en las diferentes instituciones del Estado. Entre las instituciones públicas con mayor incidencia en retroceso en cuanto a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores públicos, están la Dirección General de Ingresos, DGI, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP.

El informe indica que solamente un número muy pequeño de extrabajadores del Estado han recibido sus liquidaciones, aunque algunos han sido llamados por el Gobierno para pagarles. “Los trabajadores han venido enfrentando un desmedido y comprobado abuso de autoridad, reflejado en represalias, despidos ilegales, suspensiones que ponen en evidencia con pruebas suficientes una violación a las leyes contenidas en la Constitución”, menciona el informe.

Asimismo, señala que durante el período de enero 2007 al 30 de septiembre de 2012, se ha despedido a 2,028 dirigentes sindicales, a los que “no se les ha respetado el fuero sindical”.

CSJ señala violaciones

El informe de la Fedetrasep menciona el hecho de que la misma Confederación Sindical Internacional, CSI, que aglutina a 308 organizaciones sindicales en 153 países del mundo, ha denunciado algunos problemas a nivel sindical en Nicaragua.

Según el “Informe sobre las violaciones de derechos sindicales 2012”, de la CSI, el Gobierno de Nicaragua y algunos empleadores están violando los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, mientras el Poder Judicial y el Ministerio del Trabajo no los protegen.

Sin embargo, menciona que han habido importantes avances en el sector de zonas francas y en la búsqueda de lograr un mejor marco jurídico en el país. En ese sentido, refiere la importancia de haber trabajado en la creación del Consejo Nacional del Trabajo y del Código Procesal Laboral.