Carlos Larios
  •   Managua, Nicaragua  |
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Las periodistas que trabajan en la Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad Nacional Agraria, UNA, María Lidia Bermúdez y Jennifer Centeno Padilla, continuaron denunciando ayer ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, lo que consideran atropellos a sus derechos laborales y humanos por parte del rector de esa Alma Máter, Telémaco Talavera.

Bermúdez dijo que una comisión conformada por autoridades de la UNA la señaló de haber sustraído documentos, por lo que fue suspendida de su cargo desde el pasado 27 de septiembre, pero que en ningún momento le han logrado probar nada, y que ella ni siquiera, cuenta con un llamado de atención en su expediente laboral.

Por el contrario, aseveró que los documentos están resguardados en la oficina de Recursos Humanos a cargo de la directora Magdalena Suárez Obando, a quien, según Bermúdez, Talavera no suspendió ni cuestiona porque supuestamente ejecuta tráfico de influencias a favor de ella. “Yo le pregunto al señor rector, ¿qué documentos son esos a los que se refiere? ¿Y por qué él tiene tanto resguardo de esos documentos? ¿Por qué el señor rector no ha sentado a la señora Magdalena Suárez y que ella sea la que responda?”, expresó Bermúdez.

El Nuevo Diario ayer llamó a Talavera a su teléfono celular para conocer su versión, pero no contestó; no obstante este lunes dijo desconocer la acusación presentada en su contra y contra cuatro funcionarias de la UNA, agregando que él se encuentra en un evento de universidades de Latinoamérica en Brasil.

Violación a Ley 779

Ambas periodistas han solicitado su traslado de área dentro de la UNA, pero aseguran que Talavera se niega, e insiste en mantenerlas suspendidas, alegando actos de indisciplina que según ellas no existen.

Por lo anterior, las afectadas interpusieron una acusación en los Juzgados de Managua en contra de Talavera por los delitos de lesiones psicológicas leves y graves, discriminación, represalia, acoso laboral, abuso de funciones y violación a derechos constitucionales. La acusación también es contra Margarita Carballo Madrigal, Liseth Moncada, Victoria Borgen Medina y María Suárez Obando, funcionarias de la UNA.

Álvaro Leiva, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, señaló que artículo tres de la Ley 779, indica que se debe garantizar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, asegurando su acceso rápido, transparente y eficaz, por lo que esperan que a más tardar en los próximos cuatro días la judicial que conoce el caso llame a realizar la audiencia inicial con carácter de preliminar.

“Esperamos que la figura pública del ingeniero Telémaco Talavera no sea influyente y tenga una incidencia en un proceso penal, frente a actos personalísimos que han transgredido nuestro Código Penal”, dijo Leiva. Mientras, la CPDH contabiliza ocho casos de mujeres que no han encontrado justicia desde que entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.