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La Dirección General de Ingresos, DGI, empezó a cumplir la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, que dispuso el pago de liquidaciones y prestaciones sociales a cuatro extrabajadores del Estado. Ayer lo hizo con tres extrabajadores, pero estas después de recibir el dinero, introdujeron otra demanda contra el Estado, porque no les incluyeron daños y perjuicios y la mora.

Los extrabajadores de la DGI Norma Elena Mora, Santos Hermencia Díaz y Luisa Morales Gutiérrez, fueron citados por separado a las oficinas centrales de esa institución para pagarles sus respectivas indemnizaciones establecidas en las sentencias judiciales. Sin embargo, José Tomás Gómez, el otro demandante, no ha sido llamado para recibir su pago.

Los cuatro extrabajadores del Estado habían demandado recientemente al Procurador General de la República, Hernán Estrada, y al titular de la DGI, Martín Rivas Ruiz, por desacato a las autoridades judiciales nacionales y centroamericanas, por no cumplir con las sentencias laborales.

El pasado septiembre, la CCJ declaró con lugar la demanda interpuesta por estas cuatro personas despedidas durante la administración de Walter Porras.

La Corte también indicó que el Poder Ejecutivo nicaragüense irrespetó el fallo de los tribunales de justicia nacionales, donde se mandó a indemnizarlos por los años de servicios prestados.

Se está haciendo justicia

Luisa Morales Gutiérrez, una de las demandantes, dijo que hace unos días la citaron en la DGI para pagarle su indemnización.

“Me llamó el jefe de Recursos Humanos para decirme que estaban cumpliendo con la sentencia (judicial), me hicieron firmar un documento que dice que me están dando finiquito a mis prestaciones”, expresó.

Asimismo, mencionó que le pidieron disculpas por no haberle pagado antes, “alegando que no tenían dinero”.

“Me dijeron que todo esto de no pagarme fue un error. Pero, en realidad, fue un horror lo que vivimos. Me violentaron todos los derechos laborales”, manifestó.

Morales tenía la sentencia judicial número 0002-10 de primera instancia dictada el primero de marzo de 2010, en la que daban ha lugar la demanda de pago de liquidación laboral. En segunda instancia, la sentencia número 026 dictada por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción de La Segovia, Sala Civil de Estelí, del 15 de julio de 2010 resolvió a su favor, además de la sentencia de la CCJ.

Por su parte, Santos Hermencia Díaz indicó sentirse satisfecha, porque les empezaron a hacer justicia.

“Me dieron una parte que dice la sentencia, me quitaron ciertos pagos que según ellos ya me habían hecho”, aseguró.

Mencionó que la hicieron esperar varias horas, porque no tenían listo el cheque con su pago, ni le dieron una copia de la documentación que la hicieron firmar.

Ninguna de ellas quiso precisar la cifra pagada, aunque fue lo establecido en sus sentencias judiciales. Sin embargo, manifestaron que todavía no están satisfechas, porque “merecíamos más dinero”.

Una revisión

Álvaro Leiva, representante legal de los cuatro extrabajadores, indicó que el pago ha sido mal honrado, porque en la sentencia no se incluye la retardación de justicia de la que fueron víctimas.

“Nosotros expresamos que han sido mal pagadas, porque no se reconocen prestaciones sociales como el daño y el perjuicio, así como la mora que se le tiene que reconocer”, dijo.

Leiva explicó que los tres extrabajadores a los que ya se les pagó su indemnización, presentaron una nueva demanda ante el tribunal laboral de Managua para reclamar ese nuevo pago.

Sobre la falta de pago a José Tomás Gómez, el abogado dijo que no se explican por qué no lo han llamado. “Es algo extraño, él está esperando que lo llamen en cualquier momento”, dijo.

José Tomás Gómez, de 59 años, ha esperado casi cinco años para que la DGI le pague sus prestaciones sociales, luego de ser despedido de esta institución en 2007.