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Mayores beneficios fiscales, incremento en los costos del proyecto, y un acuerdo parcial con los productores que deberán ser indemnizados por el uso de sus tierras, además de la futura baja en la tarifa energética, fueron los elementos que crearon polémica entre los diputados que ayer aprobaron la reforma a la Ley Especial para el Desarrollo del Proyecto Energético Tumarín.

El mayor obstáculo, sin embargo, lo representa el reclamo de los productores por sus respectivas indemnizaciones.

Según Oto Santana, Gerente Técnico de la empresa Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua, CHN, de capital brasileño, hasta el momento han pagado al 10% del total de los productores con los que ya tenían un acuerdo.

Santana señaló que en 2009, cuando se aprobó la Ley, se estableció un precio de US$800 por manzana de tierra, y a ese costo se logró un acuerdo de pago con el 90% de los productores que serían afectados por el proyecto hidroeléctrico, quedando pendiente un 10% que no aceptaba ese monto.

Sin embargo, ahora algunos de los productores con los que ya había un arreglo previo, alegan que el costo de la tierra ha aumentado, y, según Santana, piden hasta US$1,200 por manzana.

El representante de CHN se mostró anuente a negociar con los productores, pero dijo que ya de por sí los U$800 por manzana acordados hace tres años están por encima del valor catastral establecido en ese momento por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter, que fue de US$400 por manzana en esa zona.

Por su parte, el embajador del Brasil, Luiz Felipe Mendonca Filho, que siguió de cerca la votación, se mostró complacido con la reforma a la ley, y respaldó la negociación entre el consorcio CHN y los productores en torno al pago de sus tierras.

“Lo que pasa es que algunos de ellos (de los productores) están pidiendo un aumento en el valor de la manzana (de tierra) en relación al precio que fue inicialmente acordado”, recalcó el diplomático brasileño.

La reforma

La reforma a la Ley establece un incremento en los costos de la obra de US$300 millones, pasando de US$800 millones que se había presupuestado hace tres años, a US$1,100 millones en la actualidad.

Según la diputada Jenny Martínez, Presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, este incremento en el costo se debe a que inicialmente la central hidroeléctrica Tumarín estaba supuesta a generar 180 MW, sin embargo, ahora se prevé una generación de 253 MW.

Uno de los reclamos de los diputados opositores es que el proyecto no se traducirá en una reducción en la tarifa eléctrica a los consumidores finales, pero Martínez dijo que se espera una disminución del 10% en la tarifa, en el primer año en que la generadora entre en funcionamiento, algo que los legisladores opositores pusieron en duda.