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Sobre Guillermo José Pasos Orozco dejó recaer la Fiscalía la mayor carga probatoria durante el tercer día del juicio conocido como”Operación Dominó”, donde 22 personas  son acusadas por narcotráfico.

Este caso se conoce como “Operación Dominó”, porque tras la captura de Mario Reyes Morales, Edwin Castillo Santana, Sergio Díaz Orozco y Wilder Romero Jarquín, la noche del 4 de diciembre de 2011, transportando 645 tacos de cocaína en la carretera Masaya-Granada, se produjeron varias capturas en otras ciudades y ocupación de bienes, como cabezales, tráileres, hoteles, moteles,  fincas y hasta ganado.

En esa oportunidad la Policía también ocupó una empresa de televisión por cable en Nueva Guinea y una clínica veterinaria en ese municipio, que supuestamente funcionaban con dinero procedente del narcotráfico.

Uno de los testigos “sin rostro” que declaró durante la tarde y noche del miércoles, expresó que a Guillermo Pasos Orozco le fueron ocupados tres hoteles en Rivas y uno en   Managua, así como motocicletas y cuadraciclos.

Según el testigo protegido, los bienes mencionados  fueron adquiridos por Pasos Orozco con dinero obtenido por la agrupación de presuntos narcotraficantes, que según las autoridades era jefeada por Marcial Beltrán Corrales.

Escapó


Otro de los testigos del Ministerio Público reveló que Víctor Manuel Dávila, uno de los acusados, se les escapó cuando realizaban el allanamiento a la finca Los Volcanes, en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas.

El mismo deponente explicó que cuando allanaron la referida finca, donde encontraron más de 300 cabezas de ganado, el mandador les dijo que Dávila se encontraba ahí, pero cuando lo buscaron, ya no estaba.

La tercera audiencia del juicio de este megacaso se caracterizó por una férrea tercia jurídica entre el fiscal auxiliar Rodrigo Zambrana y la abogada María Esperanza Núñez Peña, que defiende a  Guillermo Pasos Orozco, María Elena Víctor, Johana Corea y Álvaro Ramírez Sequeira.

En medio de la batalla, la jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Adela Cardoza, pidió a los dos litigantes no convertir el juicio en “un ring”, por la manera en que subía de intensidad el enfrentamiento verbal, aunque con argumentos jurídicos.

Hubo un momento en el juicio, que el fiscal Zambrana objetó de manera sucesiva al menos cinco preguntas que la abogada Peña Núñez hizo a uno de los testigos, y en la mayoría de ellos la judicial terminó dándole la razón al representante del Ministerio Público.

A pesar de que no se llevó la mejor parte en la tercia legal con el fiscal Zambrana, la litigante logró dejar consignado con la respuesta de uno testigos “sin rostro”, que la casa ocupada a Clara Víctor, madre de la abogada María Elena Víctor, la obtuvo en 1985, es decir 20 años antes de que se formara la célula de presuntos narcotraficantes.