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Un análisis de las organizaciones pertenecientes al Movimiento contra el Abuso Sexual, MCAS, señala que a pesar de la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez, persisten grandes deficiencias en la ruta y el acceso a la justicia para las víctimas de delitos sexuales.

Karla Olivares, psicóloga del MCAS, comentó que el análisis es parte de la campaña contra el abuso sexual, el cual está dirigido a visualizar la gravedad del problema de la violencia sexual y que los operadores de justicia también analicen el actuar de sus instituciones y tomen conciencia de las deficiencias y busquen respuestas para corregirlas.

Menciona que además de la persistencia en la revictimización de las afectadas en las Comisarías de la Mujer, algunos oficiales sostienen muchos prejuicios, dando una atención deficiente a las víctimas.

Señaló que incluso las estadísticas se contradicen entre sí. “Conocimos que las Comisarías de la Mujer atendieron la cantidad de 1,600 situaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y violencia sexual, mientras tanto el Instituto de Medicina Legal, ILM, en ese mismo semestre reporta 2,394 peritajes realizados por abuso sexual que representa el 48% del total de peritajes del IML, una diferencia de aproximadamente 800 casos más”, señala la especialista.

Indicó que para unificar las cifras y tener un verdadero balance de la situación debe haber una institución rectora que monitoree y dé seguimiento a las situaciones de los delitos sexuales desde que entra en la ruta de la justicia,  en la Comisaría, las medidas de protección especial, hasta salir de juicio y del seguimiento de recuperación de la víctima.

“Existe una comisión institucional que da seguimiento al cumplimiento de la Ley 779, pero hasta el momento no se está haciendo o no se está informando a la población sobre el problema. Tampoco se sabe sobre el seguimiento al Estado sobre la respuesta efectiva contra la violencia”, dijo la licenciada Olivares.

Divulgar recomendaciones

Por otra parte, la jornada contra el abuso sexual pretende dar a conocer las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño y la Niña hizo al Estado de Nicaragua, desde 2010, y el papel del Estado en su cumplimiento.

Asimismo, pretende presionar para la asignación de recursos a la lucha contra la violencia sexual. La Asamblea Nacional no determinó para 2012, presupuesto para la aplicación de la Ley 779. Para el presupuesto de 2013 el Poder Legislativo está en las consultas y esperan que se informe de cuánto se designará para la aplicación integral de la ley.

La jornada del MCAS concluirá el 19 de noviembre en conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, con un foro nacional que abordará la problemática, con dos expositoras costarricenses especialistas: la psicóloga clínica Sonia Recinos, experta en el tratamiento de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abuso sexual, y la doctora Gioconda Batres, del Programa Regional de Capacitación contra la Violencia de Género y Trauma del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Además, están invitados los representantes de las instituciones involucradas en la ruta de la justicia, tales como las Comisarías de la Mujer, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el ILM entre otros.

De aquí se espera analizar la situación y determinar propuestas al Estado que encuentren respuestas a la problemática.