Heberto Rodríguez, Mauricio Miranda y Eloísa Ibarra
  •  |
  •  |
  • END

Detrás de los 105 mil 9 dólares incautados al presunto narcotraficante de origen hondureño Daniel Fajardo Martínez, en 2003, se encuentra una guerra de intereses insospechados que provocan que el dinero por más que se diga que se encuentra a buen resguardo en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, no aparezca por ninguna parte.

Actualmente, dos magistrados se encuentran denunciados en la Fiscalía por abuso de autoridad, ya que se rehúsan a la devolución del dinero, pese a que existe una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM. La denuncia fue interpuesta por el abogado Pánfilo Orozco, quien asegura que existe toda una trama para robarse la plata de su cliente, al igual que sucedió con los 609 mil, caso en el que casualmente estuvo involucrado igual como defensor.

Además, Orozco reveló a EL NUEVO DIARIO que el operador del Frente Sandinista, Vicente Chávez, le solicitó 30 mil dólares a cambio de la devolución de los 105 mil. Esto fue en 2004, y desde entonces libra una batalla legal por recuperar el dinero de su cliente.

Magistrados guardan silencio


Ayer no hubo un solo magistrado del alto tribunal que se atreviera a hablar del caso. El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, al ser consultado vía telefónica por la mañana, se disculpó de no poder hablar debido a que se encontraba en una audiencia. “Llamame al mediodía o después de la dos de la tarde”, recomendó, pero después no respondió a las múltiples llamadas que le hicimos ni a los mensajes que le dejamos.

Sus colegas tampoco respondieron sus teléfonos celulares. La única que habló nuevamente del caso fue la magistrada Yadira Centeno, quien aseguró que no pueden devolver el dinero al abogado Pánfilo Orozco, porque existe un embargo del mismo que fue interpuesto por la Dirección General de Aduanas, DGA, algo que el notario reclamante rechaza tajantemente.

Centeno indicó que este caso es muy diferente al de los 600 mil dólares de Luis González Largo, porque mientras en el segundo se hicieron una serie de actos irregulares para sacarlos de una cuenta de la CSJ, en el primero no se han devuelto aunque Orozco ha hecho todo para tenerlos.

Pero por si fuera poco, ayer la Procuraduría General de la República dio a conocer que el pasado 14 de noviembre la procuradora auxiliar, Iris Valverde, interpuso acusación por contrabando aduanero en contra de Fajardo Martínez, por los 105 mil dólares que pretendía llevar a Colombia. En la acusación, Valverde expresa que ejercen la acción directamente, en vista de que la Fiscalía declinó hacerlo.

Lo extraño de esta acusación es que se realiza después de tres años de ocurridos los hechos, sin el reo presente, sin informar a su defensor, e incluso, señalando a Fajardo Martínez de haber cometido un delito diferente, pero por los mismos hechos. Además, se interpuso la denuncia en los días en que EL NUEVO DIARIO empezó a indagar sobre el destino de los 105 mil 9 dólares.

“Ahora sí ya se los robaron”, dice Orozco

El abogado Pánfilo Orozco reaccionó ayer a la acusación por contrabando aduanero en contra de su cliente, calificando la acción legal como una justificación para la no devolución del dinero, el que posiblemente ya se robaron.

“Yo conozco a la doctora Iris Valverde, de quien tengo un gran concepto como profesional, por su calidad moral y como persona que maneja el derecho. Pero es evidente que trabaja para el Estado, y para una administración que está protegiendo la no salida del dinero”, dijo.

Por ello, es que considera que “ésta es una maniobra para justificar la no devolución del dinero, porque lo más probable es que ya se lo robaron, y no encuentran la forma de justificar su salida”.

El 18 de febrero de 2005, la procuradora Martha Potosme había denunciado ante la Fiscalía a Fajardo Martínez por el delito de contrabando aduanero, en perjuicio de la Dirección General de Servicios Aduaneros. Sin embargo, el 20 de mayo de 2005, la Fiscalía resolvió desestimar las denuncias que hizo Potosme porque el ciudadano hondureño no podía ser acusado dos veces por el mismo hecho (transportar 105 mil 9 dólares sin declararlo a las autoridades aduaneras); pero además, porque ya existía una resolución absolutoria a su favor, emitida por el TAM.

Orozco también rebatió jurídicamente esta acusación, alegando que el contrabando aduanero no existe cuando se trata de moneda de curso legal de un país, ya sea dólar, quetzal, euro, córdoba, etc.

“Ellos saben que el acusado no se encuentra en Nicaragua, que se encuentra en Honduras, y saben que lo deportaron por la vía del hecho. Entonces, ellos saben que a este hombre jamás lo van a hacer comparecer en juicio, que ese proceso nunca va a nacer, porque en Nicaragua no se puede hacer el proceso si no está el acusado. Va a dormir el sueño de los justos”, sostuvo.


Magistrado Solís también ordenó devolución
En medio de todo, aparecieron ayer más señalamientos de otros magistrados que ordenaron el regreso del dinero, pero nadie se atrevió a hacerlo.

Rosario Altamirano, la ex jueza que llevó la causa en 2003, aseguró que el magistrado Rafael Solís ordenó la devolución de los más de 105 mil dólares incautados a Fajardo Martínez, sin ningún asidero legal y de manera arbitraria.

Altamirano sentenció a Fajardo con cuatro años de prisión, y con el pago de una multa por el doble de la cantidad de dinero ocupado --es decir, 210 mil 18 dólares--, tras encontrarlo culpable por el delito de lavado de dinero.

Dicha sentencia fue apelada por la defensa, y el 16 de marzo de 2004, los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, resolvieron la nulidad absoluta del juicio, una decisión que para la jueza no tuvo ningún fundamento jurídico.

“El proceso en ese momento queda como que no ha habido causa. Todo esto lo borramos, hay que volver a empezarlo a escribir. Y dice que se ordena la libertad del acusado. Pero ellos (magistrados del TAM) son los que dan la orden. Ellos son los que lo sacan”, relató Altamirano.

“Determinan la nulidad. Pero que diga que no ha habido juicio no es lo mismo que es inocente. Eso es otra cosa. Eso significa que hay pie legalmente para empezarle el juicio de nuevo a este señor”, señaló.

Altamirano recordó que de acuerdo con el Código Procesal Penal, no le correspondía a ella levantar una nueva acusación, sino al Ministerio Público, y “si la Fiscalía no lo empezó de nuevo, ese es su problema”, aseveró. En la Fiscalía nadie explica por qué ocurrió esto.


La llamada de “Payo” y la cita en la Corte

¿Por qué la destituyen a usted?

Pánfilo, en vez de irse de apelación, se va de queja contra mí. Va a la Corte a quejarse. Yo recibo una llamada por teléfono, de la cual no tengo prueba, porque yo no la grabé. ¿Cómo le pruebo yo al magistrado Rafael Solís que él me llamó por teléfono?”

“El doctor Solís me dice que entregue el dinero, y entonces yo le digo que no lo entrego, porque no lo dice la sentencia, y que yo no voy a ser cómplice de un delito que presuntamente pueda resultar después”, continuó Altamirano su relato.

“Cuando él me dice eso por teléfono, entonces yo le digo que no. Me dice que le devuelva el dinero. Entonces me llaman a la Comisión de Régimen Disciplinario en la Corte y están reunidos todos los honorables magistrados de la comisión”.

“Esa vez fui con mi mente preparada, porque yo había estudiado todo, y sé que me estoy jugando el pellejo. Entonces yo les digo: yo no voy a entregar el dinero. Estaban la doctora Yadira Centeno, el doctor Rafael Solís, Armengol Cuadra, y otros tres magistrados”.

“Me dicen que por qué no entrego el dinero. Les digo que no voy a devolver el dinero. Y si por esto hay que renunciar, ustedes díganme a dónde y yo inmediatamente les firmo. Entonces Rafael Solís le dice a la Yadira: “Entregá el dinero”, como quien dice, manchate las manos vos. Entonces la Yadira le responde: “Yo no entrego ese dinero””, relató la ex juez Altamirano.

¿El magistrado Solís le pidió a la magistrada Centeno que devolviera el dinero?

“Tampoco tengo pruebas. No están los periodistas, no tengo testigos, pero estoy yo y están los magistrados de la Comisión Disciplinaria. Y delante de todos nosotros le dice: “Entregá el dinero”. Y ella le dijo: “Yo no voy a entregar eso. Si estuviera en una sentencia, sí. Los jueces y magistrados ordenamos lo que vamos a ordenar en sentencia, no hay otra manera”.

“Luego les dije si me podía retirar. Y me dijeron que sí. Entonces, les dije, quedamos en una cosa: si hay que firmar la renuncia ustedes me dicen y yo con gusto la firmo. Si hay que entregar el dinero, me lo dicen por escrito, y yo con mucho gusto cumplo su orden. Esa orden escrita no me llegó nunca. El dinero
quedó allí.

(Con la colaboración de Luis Galeano)

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus