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El alcalde de Tipitapa, César Vásquez, señaló que cuando hay voluntad se pueden hacer grandes cambios, y por eso su municipalidad aprobó una ordenanza de políticas dirigidas a la mujer, cuyo objetivo es frenar la violencia intrafamiliar y sexual en el municipio. La iniciativa será apoyada por organizaciones femeniles.

Tipitapa es el primer municipio que destaca en crear esta política de equidad de género, y es seguida muy de cerca por Ciudad Sandino y Mateare, que están trabajando en sus planes de equidad de género para 2013.

Estas iniciativas fueron evaluadas durante un encuentro del Movimiento de Mujeres Trabajadoras “María Elena Cuadra”, MEC, que reunió a 500 promotoras así como a representantes de la Comisaría de la Mujer, como parte de la evaluación de los primeros cien días de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779.

La ordenanza de Tipitapa presenta principios como democracia, igualdad de oportunidades, participación, solidaridad, integralidad, tolerancia, justicia e imparcialidad.

“La ordenanza se aprobó por unanimidad. Todas las bancadas estuvieron de acuerdo porque es en beneficio de la comunidad, y eso demuestra que la unidad es necesaria. Para combatir este problema lo que tenemos que hacer es sumar y no restar”, comentó el edil.

Sandra Ramos, Directora del MEC, hizo un llamado a otras municipalidades a seguir el mismo camino.

Seis comisarías más

Por su parte, la comisionada mayor Erlinda Castillo, jefa de las Comisarías de la Mujer y Niñez a nivel nacional, pidió a los alcaldes apoyo para mejorar la labor policial en la prevención del delito, que debe ser la prioridad y no esperar a que ocurran los casos o se lleven a los juzgados.

Castillo lamentó que se hayan contabilizado 37 mujeres muertas víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual, en los primeros cien días de la puesta en vigencia de la Ley 779.

La Comisionada Mayor anunció la apertura este mes de dos comisarías, una en el municipio La Dalia y otra en El Cua, y para el próximo año al menos se agregarán cuatro más, implementándose en Rancho Grande, San Ramón, Santa María de Pantasma y San Andrés de Bocay, para sumarse a las 61 ya existentes.

Avances en otras instituciones

Recientemente la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dijo que este año lograron que en la reforma presupuestaria se les adjuntaran C$20 millones para complementar el equipamiento y los recursos humanos de los seis juzgados de género, creados en 2012.

Detalló que para 2013 se han programado seis juzgados más. Por otra parte, está la capacitación y divulgación de la ley.

Así mismo, destacó que la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, Aecid, aprobó una ayuda destinada a la CSJ, el Ministerio Público y la Comisaría de la Mujer, para la aplicación de la ley, especialmente en lo relacionado con las campañas de capacitación y de divulgación.

Sandra Ramos, Directora del MEC, señaló la importancia de que las municipalidades asuman un rol activo en la prevención de la violencia intrafamiliar y en apoyo a las autoridades policiales, e indicó que otros municipios están sumándose a la creación de estrategias municipales de prevención de la violencia hacia la mujer. Sin embargo, lamentó la falta de receptividad de la alcaldía de Managua, donde siempre hay obstáculos para poder hablar con la alcaldesa Daysi Torres.

“No basta con conocer la Ley si no se ha cambiado en la manera de ver los derechos de las mujeres, y creo que ese es el gran desafío”, comentó.

Problemas y propuestas

Promotoras de los derechos de las mujeres en los municipios de Tipitapa, Ciudad Sandino, Mateare, varios distritos de Managua y San Rafael del Sur, analizaron la aplicación de la Ley 779, y a pesar de que cada municipalidad tiene sus características particulares, entre las congruencias están: la falta de calidad en la atención en las Comisarías de la Mujer y Niñez, la retardación de justicia y la falta de coordinación de las instituciones.

Entre las recomendaciones está la participación de las municipalidades y que estas destinen una parte de su presupuesto para apoyo en la aplicación de la ley en la comunidad, colocar los recursos donde realmente se amerita para la aplicación de la ley, más capacitación para el personal de la ruta de la justicia, y la implementación de campañas de información, sensibilización y prevención de la violencia hacia la mujer.