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Acatar la sentencia del la Corte Internacional de Justicia, CIJ, sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua, y comprometerse con la obediencia a los principios del Derecho Internacional, es la posición que le conviene adoptar a Colombia, según el análisis que hace Bernardo Vela, Director del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales del Externado.

“No creo que el Gobierno esté mandando señales que indiquen que no va a acatar la sentencia. Lo que creo es que tras el fallo de la CIJ, el debate deja de ser tan jurídico como lo fue hasta ahora, y empieza a prevalecer uno de política exterior”, expresó el experto en entrevista concedida al diario El Espectador.

Dejó claro que los fallos de la CIJ son definitivos e inapelables, y que ante la inconformidad de alguna de las partes lo que cabe es solicitar una interpretación, pero que, definitivamente, “en este caso, el Estado que lo haga debe acatar el fallo” para luego “someter al mismo tribunal las consideraciones en las que funda su desacuerdo”.

También señaló que otra opción es pedir revisión, pero “solo puede solicitarlo basado en el descubrimiento de un hecho que hubiere sido desconocido por la Corte y por el Estado, y que sea de tal naturaleza que podría cambiar la decisión de los jueces”, apuntó.

Vela consideró congruente de parte del gobierno de Colombia el haberse sometido a la sentencia de la CIJ. “Colombia ha construido con mucho esfuerzo una tradición de respeto por el orden jurídico internacional, y esa tradición le ha dado reconocimiento y prestigio a nuestra política exterior. Por eso, debe preservarla”, opinó.

Remarcó que negarse, podría ser interpretado como una agresión y “en contra de la disposición esencial de la Carta de San Francisco, constitutiva de las Naciones Unidas, que prohíbe expresamente el uso de la fuerza”.

Citó el artículo 92 de la Carta de San Francisco del Capítulo XIV, que en su numeral 2 expresa: “Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá… dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”.

“¿Debe Colombia exponerse a consecuencias políticas y económicas quizá más graves y trascendentales que el desprestigio internacional?”, cuestionó Vela.

Según el experto, en tiempos recientes el Estado colombiano cometió errores graves que explican, en alguna medida la sentencia, como el desconocer la competencia de la Corte el día antes de que Nicaragua interpusiera la demanda.

“La estrategia de defensa se equivocó también al considerar que el Tratado Esguerra-Bárcenas era un tratado de límites, y que el Meridiano 82 era la línea limítrofe. Este tipo de tratados suelen ser mucho más pormenorizados, y contienen un gran articulado con la demarcación detallada y basada en accidentes geográficos y convenciones”, apuntó.

Desconocimiento alimenta nacionalismos malsanos

Para Vela, por la complejidad del tema “se han aventurado algunas ideas infortunadas que están exacerbando, de manera irresponsable y peligrosa, sentimientos nacionalistas malsanos”, y recomendó expresar con claridad que el fallo fue dictado por un tribunal al que el Estado colombiano le reconoció.

Además, consideró que la CIJ emitió un fallo salomónico, porque no acogió por completo ni las pretensiones de Nicaragua ni las de Colombia, pues en la construcción jurídica de la sentencia se funda en tres grandes aspectos, partiendo por la pretensión colombiana de que San Andrés, Providencia y Santa Catalina conforman un solo sistema de archipiélagos con los cayos del Norte, Quitasueño y Serrana.

Tampoco el alto tribunal acogió la pretensión colombiana en la cual el Tratado Esguerra-Bárcenas era un tratado de límites --aduce Vela--, ni acogió la pretensión de Nicaragua sobre la prolongación de su plataforma continental hacia el oriente de las islas de San Andrés, detalló Vela, para quien --en definitiva-- “la Corte aplicó el derecho que debía aplicar”.

Vela también explicó que el nuevo mapa político en el Caribe occidental es el que fijó el alto tribunal en la producción cartográfica que divulgó el día que leyó la sentencia.

De modo que las aguas que rodean el mar territorial proyectado desde los cayos Quitasueño y Serrana, y las aguas que bordean buena parte del mar territorial de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Roncador, Albuquerque y Este Sudeste, son aguas internacionales en las que se permite la libre navegación, pero cuyos derechos económicos son exclusivos de Nicaragua.

Respecto al aprovechamiento económico del área consideró que sí podría generar roces, porque lo harían grandes compañías poseedoras de tecnología especializada con base en contratos de concesión, y no los Estados mismos. “Generaría una tensión entre los intereses económicos y los de quienes defienden la vida y las prácticas culturales de los pobladores, y entre las prácticas extractivas de esas compañías y la biodiversidad que es riqueza característica de la región”.

Que Colombia replantee su participación en convenios y en pactos de obligatorio acatamiento, Vela opinó que es una decisión política, que en cuanto a la competencia de la CIJ, enviaría un mensaje inadecuado. “¿Cómo podríamos proyectarnos al mundo en tiempos de internacionalización y participar en los foros de carácter político y económico más importantes y decisivos del mundo, si dejamos de proyectar la confianza que hemos ganado?”, se preguntó, tras recomendar “litigar de manera decorosa y eficaz en todas las cortes internacionales y defender sus intereses, adecuada, civilizada e inteligentemente en los foros de la comunidad mundial”.

Cancillera Holguín: “Fue una política de Estado”

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, declaró que ahora el Gobierno estudia con un equipo de abogados internacionalistas los recursos o acciones que reconoce la CIJ para afrontar el escenario en que se encuentran.

“Es una nueva situación que requiere un estudio muy de fondo, y estamos consultando a unos expertos que conocen el caso y a otros que no.

Según la funcionaria, están en el proceso de análisis del fallo “y los posibles cursos de acción, los que naturalmente contemplan el desarrollo de iniciativas en el marco de la relación bilateral y con los demás países de la región. Nuestro archipiélago está en el corazón del Caribe occidental, tenemos seis fronteras marítimas acordadas con nuestros vecinos en el área”, dijo.

También se refirió al acompañamiento que el presidente ha anunciado que darán a los pescadores raizales de San Andrés, y tomó distancia de las críticas de abandono en que han estado los pobladores de esa zona antes de conocerse el fallo.

“Yo respondo por el tiempo que he sido canciller. Sobre los años anteriores habría que preguntarles a los otros. En junio de este año hice una reunión con los raizales, los diputados, los distintos sectores de la comunidad y la gobernadora. Les contamos en qué estaba el proceso una vez las audiencias orales habían finalizado y la reserva del caso se había levantado”, justificó

Previamente recordó que el presidente Santos anunció programas de financiamiento y apoyo “para ayudarles a identificar y priorizar iniciativas que mejoren sus condiciones sociales y económicas”.

Ubicando las críticas al margen, Holguín dijo que lo que cabe es la unidad “y concentrarnos en defender nuestra soberanía y atender las preocupaciones de los sanandresanos. Yo dije en estos días que es más fácil ser historiador que profeta. Los distintos gobiernos, los cancilleres, los agentes, trabajaron de buena fe por el bien del país y para proteger su soberanía. La defensa fue muy seria, que la Corte desestimara los argumentos es otra cosa”, manifestó.

Colombia acude a OEA

Por otro lado, la cancillera Holguín, informó que enviarán una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, “manifestándole nuestro inconformismo, los vacíos jurídicos que hay en el fallo, las omisiones, las incongruencias”.

La cancillera hizo el anuncio tras señalar que ya envió una carta en el mismo sentido a Ban Ki-moon, Secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, dado que la CIJ es órgano de esa organización multilateral.

“Nosotros deploramos terriblemente la decisión de la Corte y no nos vamos a resignar a lo que ha pasado”, agregó la jefa de la diplomacia colombiana respecto al fallo divulgado el pasado 19 de noviembre.

Sin embargo, insistió en que Colombia “es respetuosa del Derecho Internacional”, y que los funcionarios del gobierno no han dicho “que no acatamos el fallo”.

Marchan en rechazo

Aunque el presidente colombiano Juan Manuel Santos hizo público el interés dialogar con el Gobierno de Nicaragua para manejar “la encrucijada” derivada del fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ , que fijó nuevos límites marítimos entre los dos países, el fin de semana diferentes sectores llamaron a desconocer la resolución del supremo tribunal.

Pobladores marcharon en distintos puntos de Colombia y llamaron a su gobierno a desobedecer.

Medios colombianos citaron a Aury Guerrero Bowie, Gobernadora de San Andrés, pidiéndole al Gobierno no buscar acercamientos con Nicaragua por considerarlo “impertinente”.

“Así como nos hemos plantado en diferentes lugares del país y del mundo, le estamos pidiendo al Gobierno que se plante firme y rechace este fallo hasta que la CIJ lo revise y nos diga por qué nos quitó nuestro mar”, dijo Guerrero Bowie a RCN radio.

Argumentó que con el fallo, los pescadores industriales pierden los bancos de pesca que eran el sustento económico de la zona.

“En ese panorama estaríamos acabando con la pesca industrial y quedaría solo para la pesca artesanal”, agregó la gobernadora.

Respecto a los posibles acercamientos del Gobierno con Nicaragua, Guerrero Bowie dijo que “los contactos con Nicaragua son impertinentes. Lo que tenemos que hacer es rechazar el fallo, primero hay que revisarlo jurídicamente, hacer los análisis del caso y llevar el caso nuevamente a la Corte Internacional de Justicia”, apuntó.