• San Andrés, Colombia |
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  • EFE

Fragatas y aviones patrulleros de la Armada de Colombia permanecen en las aguas caribeñas que la Corte Internacional de Justicia, CIJ, devolvió a Nicaragua y que rodean el archipiélago de San Andrés, cuyas islas y cayos han quedado en manos del país suramericano.

Efe constató esa presencia durante un sobrevuelo del área en disputa, entre 70,000 y 90,000 kilómetros cuadrados del Caribe Occidental que están incluidos en la Reserva de la Biosfera Seaflower.

El objetivo de mantener las fragatas y los sobrevuelos es proteger a un grupo de diez a doce barcos colombianos que siguen practicando pesca de altura, así como garantizar la seguridad de sus tripulantes y custodiar las líneas de comunicación, dijeron a Efe fuentes de la Armada.

La Marina efectúa un promedio de dos vuelos diarios sobre las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, rodeado en buena parte por la franja de mar que la CIJ devolvió a Nicaragua en su fallo del pasado 19 de diciembre.

También vigilan los siete cayos sobre los que la Corte de La Haya confirmó la soberanía colombiana, que se ubican alrededor de las tres islas mayores, aunque dos de ellos (Quitasueños y Serrana) han quedado como enclaves precisamente en uno de los mayores bancos de pesca y langosta de esa parte del Caribe.

Hasta que se conoció la sentencia, esos sobrevuelos tenían como objetivo vigilar y contribuir a la lucha contra el narcotráfico en un archipiélago que sirve de puente para el traslado de cocaína desde Colombia a Centroamérica por su situación estratégica entre Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, e incluso Jamaica.

Así, fragatas de 80 a 95 metros de eslora, con capacidad de carga para hasta 95 personas y que contienen hasta helipuerto, siguen circulando por esa gran área concedida a Nicaragua pero sobre la que Colombia sigue ejerciendo su soberanía de facto.

Y es que, según ha asegurado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no se descuidará ni un milímetro de la zona y por tanto no acatará el fallo hasta que se garanticen los derechos de los habitantes.