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Líderes sindicales de Nicaragua presentaron ayer el anteproyecto integral de la nueva Ley de Seguridad Social que pretende obtener recursos económicos para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, crear una eficiente administración en esta institución y generar beneficios a sus usuarios, sin tener que afectar el número de años y de cotizaciones para poder obtener una pensión.

Los sindicalistas manifestaron su preocupación por la posible afectación que traería a los trabajadores si el Gobierno cede ante las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, FMI, de que en Nicaragua se apruebe una reforma a la Ley del Seguro Social que eleve a 65 años la edad y 1,500 semanas cotizadas para que una persona pueda obtener una pensión. Actualmente la edad es de 60 años y se exigen 750 cotizaciones.

“El problema es que aquí si vos tenés 2 millones 800 mil personas como población económicamente activa y apenas hay 600 mil en el Seguro Social, con una rotación que solo te quedan 500 mil personas, entonces ¿qué es lo que está pasando?”, consideró Nilo Salazar, secretario general del Sindicato de Carpinteros, Armadores, Albañiles y Similares, Scaas.

El Nuevo Diario llamó a la oficina del presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, para conocer su opinión sobre la propuesta de los sindicalistas, pero no contestó.

Ahorro de 500 millones de dólares

Por su parte, Luis Barboza, secretario ejecutivo de la Central Sandinista de Trabajadores “José Benito Escobar”, dijo que otra sugerencia es reducir los gastos administrativos del INSS del 10 al 6 por ciento, lo que traería un ahorro de 500 millones de córdobas anuales. “La propuesta es que el Estado honre el pago de la deuda que tiene con el INSS, que a diciembre de este año cerraría en 600 millones de córdobas; que la pague a 20 años con el cinco por ciento anual”, exhortó Barboza.

Además, señalaron que existe una mala administración de los recursos económicos de los cotizantes, ya que todo el dinero que ingresa a la institución se deposita en un mismo “bolsón” y no se separa según la especialidad, como por ejemplo, los montos destinados para maternidad, riesgo profesional, entre otros, que deberían estar separados. Criticaron que desde el año 2007 a la fecha el personal del INSS se ha incrementado en un 100 por ciento, pasando de 1,200 a 2,400.

Quién defiende a usuarios

También, cuestionaron que no exista una instancia que defienda los derechos de los usuarios del INSS, por lo que proponen la creación de la dirección general de la defensoría de los derechos de las personas afiliadas, sus beneficiarios y los empleadores y que serán nombrados por la AN.

"La propuesta es que el Estado honre el pago de la deuda que tiene con el INSS, que a diciembre de este año cerraría en 600 millones de córdobas".

Luis Barboza
Central Sandinista de Trabajadores