• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • elnuevodiario.com.ni

Una vez más, el Estado de Nicaragua está siendo demandado por cinco extrabajadores de instituciones públicas, ante la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ. Esta vez la demanda equivale a C$515 millones, por incumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

Los demandantes son Gilberto Antonio Flores, extrabajador de la Dirección General de Ingresos, DGI; Nora Medarda Medal Sánchez, extrabajadora del Ministerio de Educación; Óscar Antonio González Espinoza, extrabajador de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal; Álvaro Leiva Sánchez, quien trabajó para el Ministerio de Transporte e Infraestructura y que es Secretario de Asuntos Laborales de la Federación de Trabajadores del Servicio Público y abogado apoderado del caso.

Una confiscación

Otro ciudadano que está demandando al Estado de Nicaragua es José Vicente Loáisiga Toruño, a quien le fueron confiscadas unas tierras en nombre del Estado. En este caso se acusa al Procurador General de la República, Hernán Estrada, por desacatar una sentencia judicial vinculada a la confiscación de una propiedad ubicada en San Rafael del Sur, la cual tiene una extensión de 2,091 manzanas, y fue reconocida como posesión de Loáisiga, pero el procurador no ha acatado la sentencia de la CSJ.

Los extrabajadores demandaron a sus exinstancias de trabajo por violentar sus derechos humanos y laborales, y aunque ganaron el caso ante la CSJ, el Estado es indiferente ante el cumplimiento de la sentencia, por eso ahora acuden a la CCJ.

Este es el segundo grupo de cinco personas, extrabajadores del Estado, que hacen este tipo de demanda, pero el abogado Leiva Sánchez asegura que aún faltan 290 casos que no han agotado los procedimientos nacionales antes de llegar a la instancia centroamericana.

Faltan casos

Aún faltan 290 casos que no han agotado los procedimientos nacionales antes de llegar a la instancia centroamericana