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Unas 30 personalidades del mundo hicieron un llamado recientemente a admitir que el combate contra las drogas fracasó, trayendo consecuencias devastadoras a nivel mundial.

En una carta abierta suscrita por los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; y Otto Pérez Molina, de Guatemala, se insta a reconocer que cincuenta años después de haberse iniciado la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas, ONU, la guerra contra las drogas ha fracasado.

Los firmantes recuerdan que hay 250 millones de consumidores de drogas a nivel mundial y que el uso de los estupefacientes “ha aumentado, y su suministro es más barato, más puro y más accesible que nunca”.

En ese sentido, señalan que las drogas ilícitas constituyen actualmente la tercera industria más rentable del mundo, después de la alimenticia y el petróleo, generando “un valor estimado de más de 350 mil millones de dólares al año, completamente bajo el control de grupos criminales”.

La difusión de la carta coincidió con la celebración en Bogotá de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, en la que diferentes expertos de la región abogaron también por un cambio en las políticas antidroga, ante la evidencia del fracaso de la guerra contra los narcos.

Además, mencionan que la lucha contra las drogas le cuesta al contribuyente mundial una cifra incalculable por año. La misiva también es firmada por los expresidentes Jimmy Carter (Estados Unidos), Fernando Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Vicente Fox (México) y Lech Walesa (Polonia).

Pero, además, la firman el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; el exsecretario general del Consejo de la Unión Europea; Javier Solana; el filósofo estadounidense Noam Chomsky; el cofundador de Facebook, Sean Parker; Yoko Ono; el cantante, Sting; y el director de cine Bernardo Bertolucci.

Prohibición creó más daños

En la carta afirman que “decenas de miles de personas mueren cada año en la guerra contra las drogas”.

De acuerdo con los firmantes, las políticas de prohibición “crean más daños de los que previenen” y por eso reclaman propuestas alternativas basadas en la salud porque, aseguran, producen mejores resultados que la criminalización.

Llaman a reevaluar la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU y otorgar a los distintos países la posibilidad de elegir las políticas de drogas que mejor se adecuen a sus necesidades.

“Ya que no podemos erradicar la producción, demanda o uso de drogas, debemos encontrar nuevas maneras de minimizar los daños”, aseguran los firmantes.

Generación de violencia

El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, indicó durante la inauguración del encuentro regional que hay “una correlación” entre la violencia y las políticas de drogas.

“La prohibición de las drogas ha construido unas rutas del comercio ilícito que solo se pueden edificar a partir del exterminio de seres humanos. El correlato de la prohibición de drogas es la masacre”, afirmó.

Cuarenta y cinco de las 50 ciudades más violentas del mundo se hallan en el continente americano, indicó el funcionario colombiano.

“La mayoría de esas urbes están México y en Centroamérica. Todavía hay cinco en Colombia”, dijo.

El caso de México y el de los países de Centroamérica fueron los ejemplos más recurrentes de los expositores para evidenciar el fracaso de la guerra contra el narcotráfico.

Petro aseguró que han exportado “las rutas del narcotráfico que antes estaban en Colombia, nuestros 300 mil muertos descuartizados y enterrados en fosas comunes. Esa violencia la fuimos exportando a Centroamérica, México y el Caribe”.

Durante el debate se discutió sobre medidas alternativas a la guerra global contra el narcotráfico, que declaró principalmente Estados Unidos a inicio de los años setenta.

Centroamérica: un caso especial

La asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, Coletta Youngers, dijo a El Nuevo Diario que en general estamos en un momento de debate interesante en la región.

“El daño causado por las leyes es más fuerte que el mismo problema de consumo, en muchos casos”, indicó.

En ese sentido, Youngers manifestó que se debe ver el tema como un problema de salud pública y no solo criminal.

“No hay ni siquiera proporcionalidad en las sentencias, encontramos un estudio que muestra que en la mayoría de países no se define y se trata igual a las mulas que a los traficantes”, manifestó.

Asimismo, indicó que hay una evidente “feminización del delito de droga”, porque muchas madres solteras se ven obligadas a trabajar en redes criminales.

“Son estigmatizadas y no siempre hay alternativas de reinserción social. Una mujer pasó ocho años encarcelada por drogas, y decía que salió de la cárcel a una cárcel más grande en la ciudad porque ahora nadie le ofrecería empleo”, dijo.

Sobre el caso de Centroamérica, como ruta de tránsito de drogas, explicó que “es un tema más complicado” porque ha promovido “la existencia del crimen organizado”.

“No creemos que por el momento todos los mercados se deben legalizar. Se deben analizar las distintas realidades”, insistió.

Youngers, que además preside el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas IDPC, manifestó que el reto es “buscar políticas de aplicación de la ley orientadas a reducir los niveles de la violencia”.

El caso de Uruguay

La propuesta de Uruguay de crear centros regulados por el Estado para venta y consumo de marihuana se convirtió además en la “estrella” de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas en Colombia.

Actualmente se encuentra en debate en el Parlamento uruguayo una propuesta de Ley promovida por el presidente José Mujica, que pretende ser aprobada a inicios de 2013.

“El paradigma de guerra a las drogas fracasó a nivel regional y mundial llegando al efecto no deseados de aumento de violencia, lavado de activos y otros delitos asociados”, indicó el viceministro de Educación y Cultura de Uruguay, Oscar Gómez.

En ese sentido, manifestó la necesidad de apostar por un modelo que incluya políticas de inclusión social e intervención del Estado directamente integrando acciones de salud y reducción de daños.

En un conversatorio con periodistas latinoamericanos, Gómez detalló que la propuesta es “identificar a los consumidores con una tarjeta y código de barra”, y regular su consumo a 40 gramos mensuales.

Sin embargo, no descarta la existencia de un mercado negro alternativo y algunos otros problemas que puedan surgir.

Al respecto, Bo Mathiasen, representante de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito en Colombia, llamó a “no criminalizar a las personas que consumen drogas”.

También informó que, según estadísticas de su oficina, apenas el 5% de la población del mundo consumió alguna droga ilícita una vez en su vida, y el 0.6% de la población adulta mundial tiene un consumo problemático de drogas.

“El gran desafío hoy son la prevención y el tratamiento”, insistió.

En tanto, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que en Bogotá existe la iniciativa de los Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas, Camad,  que comenzó a implementarse.

“Nuestros pequeños centros de consumo regulado todavía son insuficientes, pero son un lugar donde ya más de seis mil personas subieron a hablar de lo que les pasa con las drogas”, indicó.

Un problema de salud

El director del Programa Internacional de Reducción de Daños de la Fundación Open Society, Daniel Wolfe, mencionó la importancia de que el tema de las drogas sea tratado “como un problema de salud pública y no como un problema criminal”.

Por su parte, Juan Carlos Celis, Director General de la Fundación Procrear de Colombia, explicó que “es imposible pensar un mundo sin drogas”.

“Por esa razón, los tratamientos no pueden tener como punto de partida la abstinencia del usuario”, dijo.

Esta organización promueve “pasar de una postura basada en una política de rehabilitación del adicto” a otra que impulse la participación activa de la comunidad, organizaciones y ciudadanos “para modificar la relación de los usuarios con las drogas”.