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El vigilante René Martínez, que estaba en su puesto de trabajo la noche del pasado 9 de agosto en el costado este del Parque El Carmen, ubicó en la escena del crimen --sitio donde supuestamente ocurrió la violación-- a los tres expolicías acusados de mancillar a una niña de 12 años, que padece de retraso mental.

Los tres expolicías son: Erwin Jarquín Espinoza, Timerson Ichirimoya Padilla y Walter Téllez Morales. Los dos primeros enfrentan cargos por violación, y el tercero por abuso sexual.

Según el centinela, los tres exmiembros de la custodia del despacho presidencial en la fecha antes mencionada, a eso de las 7:00 de la noche interceptaron a la niña cuando paseaba su mascota.

Se disputaban a la menor

El guarda de seguridad relató ante la jueza Segundo Distrito Penal de Género de la capital, Aleyda Irías, que dos de los expolicía esa noche discutieron por celos en relación con la menor, pero aclaró que él no presenció si los acusados mancillaron o no a niña.

Sin embargo, para la directora de la Unidad de Género del Ministerio Público, Odette Leytón, lo importante de este relato es que el vigilante ubica en el sitio donde ocurrió la agresión sexual, a los tres acusados.

Mientras que el abogado Carlos Javier Chavarría, defensor de Walter Téllez Morales, destacó que ninguno de los siete testigos de cargo que declararon ayer durante la primera audiencia de juicio incriminó a su representado.

Harold Contreras, defensor de Timerson Ichirimoya Padilla, salió satisfecho de la primera audiencia de juicio, porque según él, un oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía que estaba a 50 metros donde ocurrieron los hechos, dijo no haber visto a su representado.

Juicio a puerta cerrada

La  fiscal  Odette Leytón confirmó que ese ente acusador pidió a la jueza Aleyda Irías realizar el juicio a puerta cerrada para evitar mayores daños a la salud mental de la niña agredida sexualmente.
El juicio continuará el miércoles 18 de diciembre con la declaración de otros testigos de la Fiscalía, y, probablemente concluya, según Ana Mercedes López, abogada del Centro de Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.

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