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La Fiscalía General de la República decidió ampliar la acusación en el caso del adolescente Luis Ángel Vargas Salgado, un día después de que los familiares de la víctima reclamaran porque inicialmente sólo imputaron cargos al policía que disparó.

Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, explicó que decidieron ampliar la acusación al policía Nedar Hernández, quien estaba de posta y dio la orden para seguir al adolescente --sin tener motivos--, lo cual es un abuso de autoridad.

Asimismo, se acusará también por abuso de autoridad a Juan Ramón Briones, el policía de patrulla que realizó la persecución hasta llegar a la casa de Vargas, y a Norwin Samir Sevilla, quien entró a la casa en un allanamiento ilegal, explicó Centeno.

Indicó el Fiscal que la defensa de los policías acusados no puede alegar que perseguían a un delincuente, porque se trataba de un menor que iba desarmado y buscaba protección en su hogar.

Elton Ortega, fiscal específico del caso, explicó que los acusaron junto a Denis Antonio Cano, el autor de los disparos que segaron la vida de Vargas, porque tenían que separar resultados, ya que una cosa es la responsabilidad por la muerte y otra el exceso cometido por los otros tres policías.

Indicó que aunque la familia del adolescente haya tenido la sensación de inconformidad por la actuación de la Fiscalía, ellos tienen que regirse por los procedimientos establecidos.


Fiscal no vio a familiares
Dijo desconocer que el día que presentaron la acusación contra Cano se encontraban los familiares de la víctima ahí, pues de haberlo sabido habría pedido que entraran, porque constitucionalmente tienen derecho.

Ortega se mostró molesto por las preguntas sobre por qué no hubo ingreso de los medios de comunicación a la audiencia, y expresó que su función es acusar no andar haciendo “show”.

Sin embargo, Centeno pidió que dispensaran por algún malentendido en torno a la relación del Ministerio Público con los medios de comunicación, y recordó que quien tiene la potestad para dejar entrar al juzgado es el juez, y que ese día también le negaron el ingreso a la secretaria ejecutiva de la Fiscalía, Delia Rosales, quien llegaba en representación suya.


Desconocimiento inconcebible
Irela Alemán, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que se violentaron los derechos constitucionales de los familiares de la víctima y el debido proceso, al negar a uno de ellos o a su representante legal su ingreso a la primera audiencia, y consideró “inconcebible que el fiscal desconociera hasta la dirección de los ofendidos”.

Alemán indicó que los policías incurrieron en una serie de faltas y delitos, no sólo por el allanamiento de morada, sin justificación, contra un menor de edad sin antecedentes, sino por complicidad, y, lo más grave, fue el desprecio a la vida del muchachito.

En todo caso, indicó, si Miguel Ángel cruzó un retén policial, esto con mucho es una falta que amerita un llamado de atención o una multa, nunca un disparo.

Las versiones de un supuesto forcejeo con los agentes, en primer lugar no tienen mayor sustento que las propias palabras de los involucrados en la muerte, “pues en nuestras indagaciones con los testigos nadie más lo vio”, dijo Alemán.

En segundo lugar, si lo anterior es cierto, queda en evidencia que la proporcionalidad de la fuerza usada no tiene justificación, sobre todo si estamos hablando de un niño ante tres policías que ilegalmente irrumpieron en su hogar, opinó Alemán.

Por otra parte, si bien el fiscal puede ampliar sus investigaciones, la abogada dijo que resulta incomprensible que tampoco conociera a los familiares de su representado, lo cual significa que tampoco se habían hecho las indagaciones con los testigos para tener clara la situación.

“Hasta este momento no hemos tenido acceso a la acusación, pero de acuerdo con lo observado --ayer-- aún faltan elementos directos, como es la participación de los testigos presenciales. Tal como sucedieron los hechos, el fiscal antes de la acusación debió tener claros esos elementos concretos”, dijo.