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El claustro docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA) consideró que en la sentencia de absolución de los acusados en el caso del nicaragüense Natividad Canda, lo más grave no fue el fallo, sino la ausencia del Estado nicaragüense en el proceso.

Esto nos señaló el doctor Gerardo González, profesor de Derecho Procesal Civil, en representación del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, quienes se pronunciaron en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal de Juicio de Cartago, el 11 de septiembre recién pasado, considerando la pasividad cómplice de ocho oficiales de la fuerza pública y dos ciudadanos costarricenses, que durante más de dos horas dejaron que Canda fuese despedazado.


Estado ausente
El pronunciamiento indicó que hubo “omisión y ausencia manifiesta del Estado de Nicaragua desde el inicio y a lo largo del proceso; pareciera que las instituciones del Estado agotaron su deber con abrazar a la sufrida madre y cubrir las costas de repatriación del cadáver destrozado”.

El doctor González indica que el Estado está obligado a velar por la seguridad de sus conciudadanos en cualquier lugar del mundo, pero la ayuda para la familia de la víctima como acusadores estuvo ausente no sólo en impulsar el proceso, sino también por la ausencia de un representación del Ministerio Público. Tampoco estuvieron el embajador ni el cónsul de Nicaragua en Costa Rica; no estuvo tampoco el Procurador de los Derechos Humanos, ni ningún diputado de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.

“El Estado nicaragüense omitió la observación del artículo 28 de la Constitución Política de la República, y es tan condenable su omisión como lo es la omisión del deber de socorro en que incurrieron quienes observaron impasible el despedazamiento de Natividad Canda, y el deber de aplicar la ley sobre la base de hechos suficientemente documentados que cometieron dos de las tres judiciales que integraron tribunal”, señala el pronunciamiento.

El especialista en Derecho Procesal Civil comenta que la sentencia dictada la semana pasada en Costa Rica no pudo más que indignarlos, y esa es la motivación del pronunciamiento.

“Esto no tiene nada que ver con situaciones políticas. Fue un caso iniciado en 2005 y que trascendió al actual gobierno. En lo que estamos interesados es en que las instituciones cumplan con su obligación para poder obtener justicia”, dijo.

Aseguró que los nicaragüenses no podemos dejar que nos traten como parias o como ciudadanos de segunda clase, y mucho menos en el país costarricense que se considera la “Suiza” centroamericana, y se aprecia de tener un Estado de Derecho altamente desarrollado, pero donde la xenofobia puede imponerse.


PDDH aún elaboración de informe
Sobre el caso consultamos a la Procuraduría en Defensa de Derechos Humanos, PDDH, que interpuso una acusación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo el procurador Omar Cabezas está de viaje a Panamá.

Mientras tanto, Jenny Palacios, de la Dirección de Defensoría de la PDDH, a través de divulgación de la institución dijo que luego de la sentencia están realizando un informe del caso, el cual no podía dar a conocer antes de presentárselo al procurador Cabezas.

Por su parte, Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que facilitó los contactos de la familia ofendida con las instancias gubernamentales, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue muy receptivo en su momento e hizo diversas gestiones, además de mantener el seguimiento del caso, “pero desconocemos el nivel de apoyo económico y de respaldo jurídico que el Estado haya aportado”.