•   San José, Costa Rica  |
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  • EFE

El Gobierno de Laura Chinchilla vivió un 2012 cargado de polémica por denuncias de corrupción, renuncias de ministros, problemas de infraestructura y protestas que tienen en números rojos la popularidad de la presidenta a poco más de la mitad de su mandato.

Según datos del Programa del Estado de la Nación, Chinchilla es la gobernante que ha debido hacer frente a más manifestaciones callejeras en casi 20 años.

Las razones son tan diversas como los grupos que salen prácticamente a diario a reclamar en alguna parte del país: situación económica de instituciones públicas como el Seguro Social, recortes al presupuesto para disminuir el déficit fiscal, derechos de los homosexuales, cobro de impuestos, corrupción, injerencia en los poderes del Estado y hasta la entrega de permisos para taxis.

Caída en sondeos, solo 12% de apoyo

Ante este panorama, los números son claros: de acuerdo con la más reciente encuesta de Unimer, publicada a mediados de noviembre, el 53% de los costarricenses califica la labor de su presidenta como “mala” o “muy mala”, y un 34% considera que su trabajo es apenas “regular”.

Tras cumplir más de la mitad de su mandato, Chinchilla, que en 2010 ganó con holgura las elecciones, cuenta con el apoyo de solo el 12% de la población.

La mandataria ha dicho que su administración probablemente ha fallado en la comunicación de sus logros y atribuye a esta debilidad la mala imagen que tiene ante la ciudadanía. Por esa razón, Chinchilla anunció que para 2013 contará con expertos, especialmente en redes sociales.

Se fueron 13 ministros

El primer gobierno liderado por una mujer en Costa Rica se ha visto también afectado por la salida de 13 de sus 22 ministros, algunos seriamente cuestionados.

Así, el exministro de Hacienda Fernando Herrero dimitió en abril después de conocerse que una empresa de la que formó parte no declaraba impuestos y que sus propiedades estaban infravaloradas.

Las denuncias contra Herrero salieron a la luz al tiempo que el Ejecutivo impulsaba el que era su proyecto estrella este año, una reforma fiscal con la que se pretendía solventar el déficit de cerca del 4.5% del PIB proyectado para este año.

Tras el escándalo con el ministro, el proyecto enfrentó serios obstáculos en el Congreso y finalmente fue descartado por la Sala Constitucional, con la que el Ejecutivo, y especialmente el oficialista Partido Liberación Nacional, PLN, tuvo serios roces en noviembre por no reelegir a uno de sus magistrados.

La bancada del PLN lideró una votación legislativa para sacar de la Sala Constitucional al magistrado Fernando Cruz, caracterizado por su independencia, a lo que el Poder Judicial reaccionó acusando al Congreso y al PLN de querer politizar la justicia.

Nuevas manifestaciones tomaron las calles tras acusar varios diputados opositores al Gobierno de haber ordenado destituir a Cruz, quien, gracias a un recurso de amparo, permanece en su puesto.

Chinchilla pidió en mayo, al llegar a los dos años en el poder, una “tregua” política, pero las críticas tanto desde la oposición como de la sociedad civil no han cesado.

El próximo año, Chinchilla deberá enfrentar además los fuegos electorales pues la campaña para las elecciones de 2014 tomará fuerza a partir de enero, con lo cual se reduce aún más su margen de maniobra para mejorar su imagen.

Sin precedentes

Para el analista Jorge Vargas Cullell, Costa Rica respira hoy un descontento ciudadano como “nunca antes se ha visto” y sin perspectivas de disminuir, porque “la población ha perdido el miedo a salir a la calle a protestar y reclamar”, aunque cada grupo, afirma, lo hace por sus propias razones, sin un gran tema aglutinador.

Corrupción y el camino fronterizo

Además, el 75% de los costarricenses considera que el Gobierno de Chinchilla es “corrupto”, percepción que probablemente se acrecentó por las múltiples denuncias de irregularidades en la construcción de un camino fronterizo con Nicaragua en el que Costa Rica ha invertido 40 millones de dólares.

Las denuncias de la prensa y las investigaciones de la Fiscalía han logrado determinar que en la construcción de esta obra se pagaron millonarios sobornos y se hicieron giros inflados de dinero por un camino que no contó con los requisitos mínimos de ley para construirse y que ya ha empezado a mostrar deficiencias.

Las investigaciones no han arrojado aun detenidos ni imputados, pues continúan en un proceso que las autoridades afirman será largo y complicado.

Por los daños al medioambiente ocasionados por esta irresponsable construcción, Nicaragua demandó a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia.