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Sus ojos rojos e inflamados revelan las largas horas de llanto. Hoy, aquí, en este amplio y frío auditorio, rodeada de periodistas que no dejan de verla, de camarógrafos y de fotógrafos que la enfocan, no para de llorar con la cabeza entre las piernas. A su lado, dos hombres la consuelan, le tocan el rostro, la cabeza, la espalda. Otros más parecen susurrarle palabras de aliento, pero han pasado diez minutos y no deja de llorar. Raquel Alatorre Correa, la fría, la firme, la líder, está desbaratada.

La mujer que desde el 24 de agosto de 2012 lució incapaz de atormentarse, que sonreía cínicamente y mantenía su mirada pétrea ante policías, fiscales, jueces y periodistas, esta vez no quiere dar la cara. Entró a este salón 12 minutos después que los 17 hombres que la acompañaron durante la travesía que inició el 16 de agosto en México y que cambió de rumbo en Las Manos cuatro días después, cuando la Policía los retuvo para interrogarlos.

Entró al salón de audiencias rodeada de dos mujeres policías, con el rostro compungido, sollozando, e inmediatamente que logró abrazarse con el identificado como el segundo al mando del grupo, Juan Luis Torres Torres, estalló en llanto. Los policías la observan con ojos de asombro. Una de las abogadas busca una toalla de papel para darle.

Mientras la mayoría de los hombres busca cómo consolarla de alguna forma, uno de los mexicanos busca a los periodistas y susurra: “Nos tienen apartados, no nos dejan ver el sol”. Habla de la estadía de los 17 en “La Modelo”.

En pocos minutos iniciará la audiencia de lectura de sentencia. La historia de los mexicanos que acapararon la atención del país por entrar a bordo de seis camionetas con US$9.2 millones, identificándose como camarógrafos, periodistas, presentadores, arreglistas, sonidistas y conductores del gigante Televisa, que dejaron en evidencia las debilidades migratorias del istmo, pronto llegará a su final.

Raquel Alatorre Correa ha recuperado la compostura. Camisa ploma, de jeans, calzando zapatos negros con blanco, acaba de soltarse el pelo y empieza a sonreír, a bromear, a palmear los hombros de los que la rodean, probablemente, como en otras audiencias, pronto preguntará cómo están y les dará ánimo.

El juez Edgar Altamirano entra al salón y comienza la audiencia. Alatorre Correa acaba de ser ubicada en el asiento más cercano a su defensor, Ramón Rojas Urroz. Es la primera en la fila de derecha a izquierda. El judicial menciona a todos los condenados, empieza la última sesión. Alatorre masca chicle de forma exagerada. Es la primera que sabrá cuál es su sentencia.

“Se condena a Raquel Alatorre Correa por ser coautora del delito de crimen organizado en perjuicio de la sociedad nicaragüense. Impóngasele la pena de ocho años y tres meses en prisión. Se le condena por ser coautora del delito de transporte internacional de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública. Impóngasele la pena de 20 años de prisión y multa de 1,000 días. Se le condena por ser coautora del delito de lavado de dinero en perjuicio de la sociedad nicaragüense. Impóngase la pena de siete años de prisión y multa del valor de lo incautado”. Ella escucha viendo hacia el techo, reflexiva.

El juez continúa: “Se establece una pena total de 35 años y seis meses”. Alatorre Correa suelta una carcajada. Pero la sentencia no ha acabado: “En razón de que la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 37 y la norma penal sustantiva en el artículo 52 prohíben las penas que aisladamente o en su conjunto superen los 30 años, Raquel Alatorre Correa finalizará su condena en fecha 24 de agosto de 2042”. Siguen las carcajadas. La frágil mujer que entró llorando, inexplicablemente ha vuelto a sonreír. Se carcajea.

“¡Nos engañaron!”

Ernesto García

“¡Nos engañaron!”, fue lo único que dijo en voz alta Cecilio Torres Gutiérrez, uno de los 18 mexicanos sentenciados este viernes a 30 años de prisión por los delitos de transporte internacional de estupefacientes, crimen organizado y lavado de dinero.

Minutos más tarde, Amy García Curtis, abogada de Torres Gutiérrez, aclaró ante los periodistas que el engaño al que hizo referencia su representado es porque el juez Edgard Altamirano, al declararlos culpables, tipificó el delito de droga de una manera, y en la sentencia condenatoria lo hizo de manera diferente.

“En el fallo de culpabilidad el juez (Altamirano) calificó de manera definitiva el delito de droga como transporte, ocultación y preparación, cuya pena va de cuatro a ocho años de prisión, pero ahora en la sentencia --sin mencionar ningún agravante-- lo pone como transporte internacional, cuya pena va de 10 a 20 años de prisión”, explicó García Curtis.

Irán a casación

Ramón Rojas Urroz, abogado de Raquel Alatorre Correa, jefa del grupo de 18 mexicanos, calificó de “injusta” la sentencia condenatoria.

“Esta es una sentencia injusta, porque todos fuimos testigos de que aquí en este caso no hay ningún tipo de droga y tampoco hay transporte internacional de droga”, expresó Rojas Urroz, tras conocerse la resolución condenatoria.

Rojas Urroz también dijo a los periodistas que sus clientes (los 18 mexicanos condenados) le expresaron su decisión de seguir dando la batalla legal, y por esa razón apelarán de la sentencia, y de ser necesario, irán de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

El jefe del staff de abogados explicó que la extradición o bien el cumplimiento de pena por parte de sus clientes, solo será solicitado una vez hayan agotado todos los recursos legales a los que tienen derecho, como son la apelación y la casación.

30 años para los 18

La sumatoria de las penas impuestas a Raquel Alatorre y a Juan Luis Torres, cabecillas del grupo de los 18 mexicanos, totalizan 35 años y seis meses de prisión, pero como las leyes nicaragüenses establecen que la pena máxima es de 30 años, ellos terminarían de cumplir su condena el 24 de agosto de 2042.

A los 16 condenados, el juez Altamirano les impuso un total de 34 años de prisión por la autoría de los tres delitos, pero al igual que los primeros, solo estarán un máximo de 30 años en prisión.

Los 18 condenados por haber sido encontrados culpables del delito de transporte internacional de droga también pagarán una multa equivalente a 1,000 días del salario mínimo del sector industrial, que equivale a C$ 32,240. También pagarán una multa equivalente al valor del dinero lavado, que es US$9.2 millones.

La abogada Orietta Benavides, del Bufete “Taboada & Asociados”, quien estuvo presente durante todo el proceso como observador en representación de Televisa, evitó hacer comentarios sobre la sentencia condenatoria dictada por el juez Edgard Altamirano.