Jorge Eduardo Arellano
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Organizaciones defensoras de Derechos Humanos de diez países de Latinoamérica condenaron y rechazaron la expulsión de Venezuela de funcionarios del organismo internacional Human Rights Watch, ordenado por el mandatario Hugo Chávez la semana pasada.

Organizaciones de derechos humanos de Venezuela, Perú, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil firmaron un comunicado en el que repudian la expulsión ordenada por el gobierno de Venezuela a los representantes de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director ejecutivo y subdirector de la División América de la organización.

De acuerdo con un comunicado oficial, firmado la semana pasada por los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior, Tarek El Aissami, el motivo de la decisión oficial fue haber “violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país”.

La expulsión se ordenó al día siguiente de que Human Rights Watch presentara en Caracas el informe “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en el que se analiza la situación de los derechos fundamentales en dicho país.

De acuerdo con el texto del comunicado, las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno Venezolano “destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones”.


Autoritarismo venezolano
“Los argumentos basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos”, dice parte del comunicado internacional.

El gobierno venezolano esgrimió que Human Rights Watch responde “a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América”.

“Ante ello, es importante señalar que Human Rights Watch no recibe financiamiento gubernamental alguno y que ha tenido un papel de liderazgo en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y por su política migratoria, entre otros”, dice parte del comunicado, suscrito en Nicaragua por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“El trabajo de Human Rights Watch abarca la mayoría de los países del mundo y ha sido fundamental para evidenciar situaciones de violaciones de derechos en muchos de nuestros países latinoamericanos”, resalta el documento.