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La revocación del fallo de culpabilidad o la rebaja de las penas de 35 años de prisión impuestas por el juez Edgard Altamirano a los 18 mexicanos declarados culpables por delitos de narcoactividad, solicitaron ayer los abogados defensores de los 18 extranjeros jefeados por Raquel Alatorre Correa, al impugnar ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, la sentencia de primera instancia.

En los escritos de apelación que rolan en el expediente que todavía está radicado en el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de la capital, los abogados defensores --Ramón Rojas Urroz y Amy García-- piden a los magistrados del TAM que al revocar los fallos de culpabilidad, ordenen la inmediata devolución de los bienes ocupados a los mexicanos.

Esta petición significaría la devolución de los 9.2 millones de dólares que los ahora reos transportaban de manera oculta, y las seis camionetas Van con equipos de televisión y logotipos de la empresa mexicana Televisa.

Los mexicanos fueron capturados por la Policía nicaragüense en agosto del 2012 y luego declarados culpables por los delitos de transporte internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado.

La defensa

De acuerdo con los argumentos de sus abogados defensores, durante el juicio no quedó demostrado que los 18 mexicanos hayan cometido los delitos que les imputaron los entes acusadores del Estado --Fiscalía y Procuraduría.

Con relación a la imputación del ilícito de transporte internacional de estupefacientes, los abogados apelantes manifiestan que no se demostró que sus representados hayan utilizado el territorio nacional para trasegar estupefacientes.

Al referirse al lavado de dinero, la defensa de los 18 reos expresa que no quedó demostrado en el juicio que los 9.2 millones de dólares tengan origen ilícito, agregando que tampoco la parte acusadora probó que los sentenciados se hayan asociado para cometer delitos.

Insisten en traslado de Alatorre

Ramón Rojas Urroz, defensor de Raquel Alatorre Correa, denunció por enésima vez que las autoridades de Policía se niegan a trasladarla de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ.