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RIVAS
La rivense María Nelia Segura Espinoza, detenida el pasado sábado por la Policía de Rivas, tras vincularla a la banda de sicarios capturados el 18 de septiembre, recobró su libertad la tarde del lunes, ya que el Ministerio Público determinó no acusarla al no encontrar elementos de prueba suficientes que vinculen a la rivense a la banda integrada por un mexicano, seis hondureños y cuatro nicaragüenses.

De acuerdo con la versión de la Policía Nacional, al mexicano Miguel Ángel Hernández, que es el supuesto jefe de la banda, le encontraron recibos de pago en concepto de alquiler de vehículos de la empresa “Orozco Renta Car”, y en las investigaciones también dieron con un recibo de pago de esa misma empresa a nombre de la rivense, y, por ende, decidieron capturarla y presentarla ante el Ministerio Público como cooperadora necesaria del delito de secuestro.

La Fiscal detalló que el caso de la rivense es muy complejo, por lo que prefería recabar más información, ya que lo único que tenían era el recibo de pago de alquiler de vehículos.

Al recobrar su libertad, Segura Espinoza manifestó que es inocente y que nada tiene que ver con los once acusados de pertenecer a una banda de sicarios. “No los conozco, y así como me acusó la Policía le puede pasar a otro ciudadano que haya alquilado vehículos a la empresa “Orozco Renta Car”, ya que sólo por haber alquilado un automóvil a esa empresa me quisieron vincular al caso”, argumentó.

El recibo de pago que la Policía encontró a nombre de la rivense fue el número 0124, mientras que otros emitidos el 16 de julio, el 31 de julio, el 17 de septiembre --con serie 0098, 0107, 0127, respectivamente-- aparecen a nombre del mexicano, y con fecha del 16 de septiembre también aparece un recibo de pago por alquiler de vehículo a nombre de Luis Manuel Avilés Hernández, el cual no aparece en la acusación.

De esta manera los acusados siguen siendo el mexicano; los hondureños Marcos José Borge Botiño, Marlon Benjamín Borjas Montiño, José Santos Benítez, Santos Enrique Moreira, Juan Ángel Sánchez Avelio y Omar Ávila, y los nicaragüenses Ricardo Parrales, Eric Urbina López, Víctor Uriel Miranda y Juan José Pérez González.

Todos ellos fueron acusados el 20 de septiembre por una serie de delitos, entre ellos, el de ser coautores del crimen organizado en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado, y conspiración de asesinato en contra de seis rivenses, a los cuales, además de sus nombres, también los tenían identificados hasta con los números de sus respectivas cédulas de identidad y de las placas de los vehículos en que se movilizaban.

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