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Cuatro personas; un inversionista, un campesino y una pareja de ancianos dilucidan problema de propiedad en distintos Juzgados donde se han enfrentado a los avatares de la justicia.

En dos de las tercias legales los reclamantes han tenido que luchar ante la aparente pasividad de las autoridades policiales para cumplir las órdenes judiciales, según Alejandro Mercado Calero y Luis Torres.

La tercera batalla se libra en el Juzgado Tercero Local Penal de Managua, donde Luis Manuel Guillén, Erick Guillén Rivas y Tomás Vargas Medrano enfrentan juicio por usurpación del dominio privado, estelionato y estafa en perjuicio de los ancianos María Teresa y Ladislao Sáenz Padilla.

Los tres indiciados son señalados de haber usurpado, despalado y desmembrado en varios lotes la propiedad de los hermanos Sáenz Padilla en la comunidad Jocote Dulce, jurisdicción de Managua.

Denuncia desobediencia policial

Alejandro Mercado Calero, originario de San Ignacio, jurisdicción de La Concepción, Masaya, denunció que la Policía se niega a cumplir con cinco órdenes de desalojo emitidas por la jueza Local de ese municipio, Fabiola Vásquez, contra quienes él promovió hace siete años un juicio por desahucio.

Mercado dijo que la disputa por seis manzanas de tierra comenzó en 1979, cuando supuestamente sus dos hermanas ya fallecidas junto con su cuñado José Luis Álvarez, se posesionaron de su propiedad de seis manzanas de tierra aprovechando que él fue encarcelado acusado de ser partidario del régimen somocista.

Álvarez, uno de los demandados, negó lo afirmado por Calero, manifestando que su cuñado vendió en 1971 a Cristina Casco, quien se fue de Nicaragua en 1979, vendiéndole a él en 1980, aunque regresó al país 14 años después, según el demandado.

El suboficial Alberto Marenco, chip número 1945, luego de consultar con el jefe de la Policía en La Concepción, subcomisionado Ernesto Guillén, dijo que no han recibido ninguna orden judicial de desalojo y de presentarse será consultada --para su ejecución-- con la jefatura policial en Masaya.

La versión policial cae por su propio peso, porque en el expediente 120/04 rolan los cinco oficios dictados por la jueza Fabiola Vásquez, pidiendo el auxilio de la Policía para ejecutar la sentencia donde se ordena restituir en su propiedad a Mercado Calero.

En el folio 214 está una carta con fecha 12 de agosto de 2011, donde la capitana Marta Salinas, anterior jefa de la Policía en La Concepción, informa a la jueza Fabiola Vásquez el porqué no le fue brindado el auxilio policial correspondiente.

“Tengo a bien informarle que en este momento no contamos con las fuerzas policiales suficientes para garantizar su seguridad en la ejecución de dicho mandamiento”, según la misiva que tiene la misma fecha en que se realizaría el lanzamiento judicial.

Gloria Argüello, responsable de la oficina de prensa del Complejo Judicial de Masaya, explicó que la jueza Vásquez no ha programado nueva fecha para la ejecución del desalojo, porque el demandante no lo ha solicitado nuevamente.

La última gestión hecha por el demandante --Alejandro Mercado-- fue el pasado 4 de febrero a las 8:45 am, donde pide le sea emitida una certificación de la sentencia definitiva dictada a su favor por el juez de Distrito de Masatepe.

Inversionista reclama

Otra batalla judicial se libra en los Juzgados Locales Civiles de San Rafael del Sur y Managua, donde representantes de Desarrollo del Pacífico de Nicaragua, S.A., Despanicsa, promueven juicios para que desmovilizados de guerra salgan de las más de 300 manzanas de tierra que les invadieron.

Luis Torres, uno de los socios de Despanicsa, dijo que las fincas San Antonio y El Madroñal, ubicadas entre Masachapa y Pochomil, fueron compradas por Despanicsa en 1993 mediante subasta pública.

Torres dijo que aunque está de acuerdo con que el Gobierno a través de la Intendencia de la Propiedad asigne propiedades rurales a los excontras y retirados del Ejército, “no es correcto que lo hagan invadiendo terrenos privados”.

El socio de Despanicsa señaló que desde el 2007 hasta la fecha han tenido que promover varias acciones legales para sacar de sus terrenos en seis o siete ocasiones a exmilitares y desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense.

Torres responsabilizó por las fincas de Despanicsa, a Bolívar Carrillo, funcionario de la Intendencia de la Propiedad, porque supuestamente él fue quien ordenó la ocupación de los terrenos, a los desmovilizados de guerra.

El Nuevo Diario solicitó desde hace tres semanas la versión del referido funcionario a través de la Dirección de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República, PGR, pero no hubo repuesta, al igual que en otros casos.

Circulares CSJ

El juicio Penal que se desarrolla en el Juzgado Tercero Local Penal de la capital, tomó un giro inesperado la semana anterior, cuando la defensa de Luis Guillén --uno de los tres acusados-- sacó una circular del Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

En la referida circular, firmada por Rubén Montenegro Espinoza, Secretario de la CSJ, con fecha 24 de enero de 2013, el referido Consejo ordena suspender cualquier proceso judicial o administrativo donde se relacione la Escritura Pública número 13, de compra-venta, suscrita en Managua el 19 de diciembre de 1979 por el notario Oscar Barreto Terán (q.e.p.d).

La referida circular contradice la del 13 de marzo de 2012, donde el referido Consejo solo ordenó buscar el Protocolo del año 1979 del fallecido abogado, según María Teresa Calderón, abogada de los ancianos.

“El Consejo --de Administración y Carrera Judicial-- no tiene facultades jurisdiccionales y, por lo tanto, no puede mandar a suspender un juicio”, señaló Calderón en representación de los ancianos.

 

Un muestra

Una muestra de lo que se vive a diario en distintos lugares del país, son los casos reportados en los Juzgados de La Concepción, San Rafael del Sur y Managua.

 

Dos casos emblemáticos

En los tribunales de justicia también se libran otras batalles legales por propiedades de distintos tamaños y cuantías, estando entre los más emblemáticos los conocidos como "Pánica" y "Punta Teonoste", donde participa de la tercia jurídica la Procuraduría General de la República.

En el caso de "Punta Teonoste", Walter Búller, denunció hace dos días que la PGR ya inscribió en el Registro de la Propiedad las 20 manzanas que adjudicó al exguerrilero Edén Pastora, en perjuicio de su familia.

El presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrado Antonio Alemán Lacayo, dijo que en esa máxima instancia de justicia no está radicado ningún juicio por propiedades.