Jorge Eduardo Arellano
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La falta de información oficial sobre el decreto presidencial que obliga al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a pagar pensiones a desmovilizados y a víctimas de guerra del extinto Ministerio del Interior, ha provocado temores en varios sectores sobre el futuro de las reservas del Seguro Social.

El presidente Daniel Ortega decretó en agosto pasado que el INSS asumiría las pensiones de combatientes y víctimas de guerra del otrora Ministerio del Interior (MINT), y un acuerdo firmado entre el gobierno y los desmovilizados de la desaparecida institución, estableció que el Seguro Social junto al Ministerio de Gobernación restablecerán derechos sociales y revalorarán las pensiones a los combatientes que hayan cotizado de manera completa o incompleta al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu).

La decisión de Ortega, según ese acuerdo al que EL NUEVO DIARIO tuvo acceso, beneficiará sólo a personas afines al FSLN y no a ex combatientes “traidores que se cruzaron a la acera del enemigo”.

El criterio del experto en temas de Seguridad Social y consultor económico Jorge Toledo, es que el INSS cuenta con un fondo especial destinado exclusivamente a las atenciones a las víctimas de guerra, obtenido del aporte de los trabajadores y las patronales.

Urge transparencia
“El 1.5 por ciento de las deducciones de los trabajadores, y el 1.5 por ciento de las cotizaciones de la patronal, pasan directamente a ese fondo por medio de la Ley 119, Ley que Concede Beneficios a las Víctimas de Guerra, aprobada en 1990 y publicada en enero de 1991”, explica el experto, para quien no existe ilegalidad en que el INSS asuma el pago de las pensiones de los ex combatientes.

“Está todo legal, está dentro de las facultades del INSS asumir esos costos, pero lo que no está bien, es que sea el Poder Ejecutivo el que ordene al Seguro Social sus acciones, lo cual no es correcto porque el INSS obedece a un Consejo Directivo que decide y aprueba las acciones institucionales”, observó Toledo.

El economista y abogado dijo que por años las pensiones a las víctimas de guerra han sido desatendidas por las distintas administraciones del INSS, y que si bien los combatientes y víctimas de guerra merecen por ley el beneficio, lo preocupante del caso es la falta de información oficial que causa incertidumbre, y el riesgo de politizar la elección de beneficiarios para fortalecer las estructuras partidarias del FSLN.

Respeto a 500 mil trabajadores
“El INSS, por respeto a los miles de jubilados y trabajadores cotizantes, que son más de medio millón, debe informar de cuánto dinero dispone en sus reservas para pagar esas pensiones y atenciones especiales”, indicó.

Además, explicar “qué metodología y bajo qué revisión se va elegir a los beneficiarios, para evitar que personas que no merecen una pensión sean beneficiadas sólo por afinidades políticas”, dijo Toledo, en relación a la denuncia de que ex combatientes de las Tropas “Pablo Úbeda” del ex MINT, se han incorporado al aparato partidario del FSLN de cara a las elecciones municipales de noviembre próximo.

Un informe del director ejecutivo del INSS, Roberto López, a la Asamblea Nacional el 11 de junio de 2008, detalló que en 2007 ingresaron al Seguro Social 360 millones de córdobas, específicamente para víctimas de guerra, y que de estos fondos se destinaron 197 millones a pagos de pensiones y servicios médicos a afiliados.