Eloisa Ibarra
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El magistrado liberal Guillermo Selva afirmó ayer que los partidos políticos que no tienen representación en la Asamblea Nacional no deben tener magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

¿Cómo va a reclamar un partido político tener magistrados si no ha sacado ni un diputado? Eso hay que tomarlo en cuenta, dijo Selva, después de recibir un reconocimiento de sus colegas de la CSJ por los años de haber pertenecido a la Sala Constitucional.

Selva expresó que la afirmación “la elección de los magistrados es de dedo”, es una “calumnia de la derecha” para desprestigiar a los magistrados de la CSJ, que son electos por el pueblo, porque se hace a través de los diputados electos indirectamente por el pueblo en las elecciones.

El magistrado liberal, Guillermo Selva, afirmó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el poder real, lo cual se confirmará en los próximos cuatro meses. El Poder Judicial es la égida del poder en Nicaragua y en cualquier parte.

Por su parte, el Presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, resaltó que en estos doce años de existencia de dicha sala se han dictado sentencias emblemáticas que marcan un hito, para ejercer el control del poder.

¡Claro!, con Bolaños
En ese sentido, recordó que en su oportunidad se declararon inconstitucionales dos decretos emitidos de forma ilegal por el presidente Enrique Bolaños, para impedir la vigencia de las reformas constitucionales.

Recordó que en esa oportunidad, Bolaños le ordenó al jefe de la Policía Nacional que desacatara la sentencia dictada por la CSJ para hacer cumplir una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, instancia internacional que carece de competencia para dirimir el conflicto entre los poderes del Estado.

Afirmó que aunque el ex presidente Bolaños se fue sin cumplir unas trece sentencias, acató las torales, y hasta tuvo que derogar el Estado de Emergencia decretado, porque lo hizo sin cumplir con el requisito de pasar por el Asamblea Nacional para su ratificación.

De igual forma, recordó que la Sala Constitucional le ordenó en su momento al Consejo Supremo Electoral que cumpliera con pagar a los partidos políticos los gastos de campaña y reintegrara a partidos que le habían devuelto la personalidad jurídica.

Dijo que ha sido a través de la Sala Constitucional que se han resuelto, a lo largo de estos años, los problemas de propiedad y de la posesión en manos de sandinistas, cosa que debería haberse hecho a través de las salas de la propiedad.