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Centroamérica capacitará a sus operadores de justicia para enfrentar la creciente inseguridad regional, a través de un programa que será validado en un encuentro realizado en El Salvador y que cuenta con el apoyo de España.

El Programa de Formación Judicial se suma a iniciativas similares para capacitar a fiscales y policías en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, dijo el Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán.

Jueces y otros operadores de justicia de los países miembros del SICA trabajarán junto a expertos durante el taller de validación, que terminará mañana en San Salvador, con el fin de que el programa comience a funcionar en los próximos meses.

América Central se ha convertido en la región más violenta del mundo a causa del narcotráfico, según un informe que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presentó el pasado día 5 en Viena.

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica contempla una veintena de programas y proyectos encaminados a combatir la criminalidad en la región, para cuya ejecución la comunidad internacional se comprometió a aportar unos 2,000 millones de dólares, en una conferencia celebrada en 2011 en Guatemala.

Alemán subrayó que “es una prioridad” contar con “una administración de justicia fortalecida” y que la capacitación de los operadores de justicia “deberá traducirse en intervenciones judiciales más efectivas” para enfrentar la criminalidad.

España aporta expertos

España “aporta expertos” para la capacitación de jueces, fiscales y policías centroamericanos, dijo a Acan-Efe el Embajador español en El Salvador, Francisco Rabena Barrachina.

Explicó que este apoyo es parte del programa que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) mantiene con el SICA.

Rabena Barrachina consideró que “es fundamental” que “en todos los países” del mundo “la Justicia, la Fiscalía y la Policía tengan la mejor categoría profesional posible”, de lo cual dependen su eficacia y la confianza del ciudadano.

“Aquí en Centroamérica, que tiene un problema serio de seguridad, especialmente en los países que forman el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), la importancia de fortalecer institucionalmente” los órganos judiciales y policiales “es todavía más importante”, enfatizó.

Principales amenazas

Las principales amenazas para la seguridad de esta región son “la criminalidad común, delincuencia relacionada con pandillas, (y) crimen organizado transnacional vinculado al narcotráfico y a la trata de personas”, remarcó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Gabriel Medrano.

Otros delitos que enfrenta la región son el lavado de dinero, el tráfico de armas y el robo de vehículos, señaló el vicecanciller de Cooperación para el Desarrollo de El Salvador, Jaime Miranda, quien abogó porque estos “problemas comunes sean resueltos de una manera integrada e integral”.

Firman convenio contra delincuencia organizada

Panamá / ACAN-EFE. – Representantes judiciales de Centroamérica y República Dominicana concluyeron ayer en Panamá la redacción de un convenio de cooperación, que permitirá el intercambio de registros de antecedentes penales para la persecución “transfronteriza” del crimen organizado, informó una fuente oficial.

El Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, Víctor Moreno Catena, dijo a Acan-Efe que la intención, principalmente, es que los crímenes de una banda organizada sean conocidos en toda la región y, por tanto, se les pueda sancionar como criminales reincidentes.

“De manera que una banda organizada que vaya cometiendo delitos graves en los países de la región, no sean considerados delincuentes primarios, (sino) criminales reincidentes”, aseveró Moreno tras concluir un taller en Panamá sobre el convenio de cooperación en el que participaron magistrados, procuradores y fiscales de la región.

Moreno indicó que también se aprobó, entre otros instrumentos, la “persecución transfronteriza”, que le permitirá a las autoridades policiales de un país, darle seguimiento o persecución a una persona que haya cometido algún crimen grave en otro.

La extrema violencia que azota a la región, que tiene una tasa promedio anual de más de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando la media del mundo desarrollado es 8, según la ONU, es vinculada a la acción de los narcotraficantes.