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La Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, o Ley 779, está nuevamente sobre la palestra pública, luego que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrada Alba Luz Ramos, denunciara la existencia de una campaña contra la misma a lo interno del Poder Judicial.

Mientras, representantes de organismos no gubernamentales de mujeres denunciaron este martes en el 147 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, el agravamiento de la violencia contra las mujeres en Nicaragua.

“Hay compañeros que en los seminarios han estado incitando para que se promueva la inconstitucionalidad de la Ley 779, compañeros que son miembros de la Sala Constitucional y que deben ser recusados porque ya se pronunciaron”, dijo la presidenta de la CSJ.

Ramos exhortó a las mujeres a que defiendan la referida ley. “Si bien es cierto que la ley no va a resolver de entrada todos los problemas de violencia, es un instrumento fantástico que tenemos en nuestra manos para iniciar la lucha”, agregó.

En Washington, sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, representantes de organizaciones de mujeres denunciaron que en Nicaragua prevalece la falta de acceso a la justicia, y la indolencia estatal frente a las consecuencias de la violencia hacia las damas y niñas.

La presidenta del Movimiento de Mujeres, Juana Jiménez, expresó que a pesar de la Ley 779, las mujeres siguen estando desprotegidas, “porque de 140 mil denuncias de violencia contra las mujeres, solo 14 mil, es decir solo el 14%, han sido judicializadas”.

Jiménez también señaló que las mujeres nicaragüenses siguen esperando que la CSJ resuelva los recursos por inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la práctica del aborto terapéutico.

Recursos pendientes

Rafael Solís Cerda, magistrado de la CSJ, en declaraciones a los periodistas afirmó que en la Sala de lo Constitucional están radicados cinco o seis recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 779.

El magistrado Solís confirmó que en esa Sala se han escuchado opiniones contrarias a la Ley 779, bajo el argumento de que roza con el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley.

Entre los recurrentes contra la Ley 779 se cuentan iglesias evangélicas y asociaciones de hombres que defienden los derechos de estos, indicó el magistrado Rafael Solís.