Ernesto García
  •   Managua, Nicaragua  |
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En un hecho pocas veces visto, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, ordenó la destitución de los dos jueces --propietario y suplente-- y del secretario de actuaciones del Juzgado Local Penal de Ciudad Sandino.

Los defenestrados por la CSJ son el hasta ayer juez Local Penal de Ciudad Sandino, Pedro Pablo Centeno Valle, el suplente de la misma judicatura, Santiago Urbina Sequeira, y el ahora exsecretario de actuaciones, Ignacio Calero Cruz.

El exsecretario Calero Cruz al ser consultado vía telefónica por El Nuevo Diario, se declaró víctima de María Alejandra Velásquez, quien recurrió de queja contra él y los ahora dos exjueces, ante la CSJ.

“Yo soy víctima en este caso. Ustedes pueden ver el expediente y comprobar lo que estoy diciendo”, dijo Calero Cruz, quien la mañana del jueves fue notificado de su destitución junto con los dos jueces.

El ahora exjuez Local Penal de Ciudad Sandino, Pedro Pablo Centeno, al ser consultado también por la vía telefónica, dijo que no haría pública ninguna opinión, mientras que su colega Santiago Urbina al contestar el llamado telefónico se limitó a decir: “Estoy en una reunión, gracias”.

Lo que dice la sentencia

Ambos jueces y el secretario actuaron de manera anormal en la tramitación del expediente número 187-0231-12PN, donde el secretario Ignacio Cruz acusó a María Alejandra Velásquez y otras dos personas por la presunta coautoría del delito de estafa, según el Supremo Tribunal.

Entre las graves irregularidades atribuidas a Calero Cruz, está que siendo funcionario judicial actuó como parte en el juicio donde él acusó por la presunta autoría del delito de estafa a Danny Zúniga Santamaría, Francisco Gutiérrez y María Alejandra Velásquez.

El juez Centeno Valle se inhibió de conocer de la causa, pero no debía aceptar la acusación porque los hechos ocurrieron en Managua, y debió separar de la causa a Calero por ser parte interesada, según la Corte.

En lo que se refiere al ahora exjuez suplente, Santiago Urbina, la CSJ señala que él también tenía la obligación de separar del expediente al secretario Calero Cruz por ser parte en el juicio, pero tampoco lo hizo.

La acusación fue presentada el 16 de junio del 2012, pero Velásquez se enteró hasta el 27 de noviembre de 2012 cuando a su casa llegaron agentes de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, DAJ, con una orden de captura en su contra, según la queja que dio origen a la sentencia.